El conseller de Hacienda, Vicent Soler, lo denominó “paquete de emergencia”, y la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, “paquete básico de ciudadanía”. Ambos coincidieron en que la Comunidad Valenciana está “en una situación de emergencia” y en que tiene derecho a recibir los fondos que dejan de llegarle por el injusto sistema de financiación autonómica. El hecho es que los Presupuestos de la Generalitat de 2016, el primer ejercicio del nuevo Consell formado por el PSPV-PSOE y Compromís y apoyado parlamentariamente por Podemos, incluye un apartado en su previsión de ingresos de 1.300 millones de euros que permitirá cuadrar las cuentas pero que debe proceder de lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, denomina “una aportación extraordinaria” del Estado. Puig llevará esa reclamación precisamente a la reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del día 2 de noviembre.
“Nosotros no vamos a esconder nada”, ha advertido Oltra, que el año pasado llevó al TSJ la previsión de 1.600 millones en los ingresos del Presupuesto de este año 2015, los últimos que elaboró un Consell del PP, porque se basaban en unas ventas de patrimonio y un anticipo del Gobierno a cuenta del Fondo de Competividad de 2017 completamente irreales. “Somos gente previsora”, añadió con sorna la vicepresidenta este jueves en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Se refería a que el TSJ archivó su denuncia, lo que permite que ahora el nuevo Consell, sin miedo a incurrir en una ilegalidad, consigne 1.300 millones también sin cobertura, pero lo haga explíctamente como ingresos procedentes de la “nueva financiación” que reclama al Gobierno de Rajoy con insistencia.
Las cifras generales dadas a conocer por Soler, que este viernes entregará el proyecto de Presupuestos en las Corts Valencianes para su tramitación parlamentaria, reflejan un ligero descenso de 17.191 a 17.155 millones en el presupuesto ordinario de la Generalitat, mientras que el presupuesto consolidado (con las empresas y organismos públicos) sube, también ligeramente, de 18.209 a 18.370 millones de euros. Soler situó los parámetros de las cuentas en lo que se refiere a la procedencia de los ingresos: los fondos procedentes del modelo de financiación, los ingresos propios de la Generalitat, el escaso 0,3% de déficit impuesto por el Gobierno en aplicación de la estabilidad presupuestaria y esos 1.300 millones de financiación reclamada.
Oltra incidó en la subida del gasto social, en aspectos como las ayudas a la dependencia y la renta garantizada de ciudadanía, que experimentan un incremento del 35%. La vicepresidenta recordó que el Acord del Botànic, que permitió la formación del nuevo Consell, preveía esas políticas, con aumento de recursos en políticas inclusivas, transparencia y regeneración democrática (la cooperación al desarrollo ve aumentar su presupuesto de 3,8 a 13,2 millones), sanidad o becas a estudiantes y de comedor.
Según explicó el conseller de Hacienda, solo baja el servicio de la deuda, que se reduce un 18,9%, gracias a los bajos tipos de interés, lo que permite liberar 306 millones en gastos financieros y 3.697 millones de capital principal o pasivo financiero gracias a la refinanciación de préstamos en condiciones más ventajosas. El minisitro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está al tanto, según explicó Vicent Soler, de que la Generalitat va a incluir esos 1.300 millones de euros en sus ingresos, una cantidad que debe aportar el Gobierno central. “Es un cambio radical; se trata de hacer ruido”, concluyó un beligerante conseller de Hacienda, que recordó que ha votado en contra de las imposiciones del ministro en las dos reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera a las que ha asistido.