Política Territorial insta a impugnar un PAI de 400 viviendas en la costa que el Ayuntamiento de El Puig debió dar por caducado

“Debe solicitarse informe preceptivo a la Abogacía en orden a impugnar ante la jurisdicción contencioso-adminsitrativa la cesión del Programa de Actuación Integrada (PAI), la aprobación del proyecto de reparcelación (decreto de Alcaldía de fecha 13.03.2023) y la posterior acta de comprobación de replanteo e inicio de obras”.

La Dirección General de Política Territorial y Paisaje se ha pronunciado así de contundente en la resolución que ha elevado a la Conselleria por medio de la cual propone autorizar a la Abogacía de la Generalitat para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del proyecto de reparcelación del sector residencial 'La Casota', Sectores SP 3 y SP4, del municipio del Puig de Santa Maria.

La ejecución de este PAI implicaría la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares. La superficie ocupada sería de 105.000 metros cuadrados.

La resolución viene a decir que el Ayuntamiento del Puig, gobernado por el PSPV, habría realizado una aprobación exprés del PAI incurriendo en posibles irregularidades con el objetivo de anticiparse al plazo que establece el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) para dar por caducados los planes urbanísticos a los que en mayo de 2018, cuando entró en vigor el Pativel, se les concedió un plazo de cinco años para iniciar obras.

Según la resolución firmada por la directora general, Rosa Pardo, y publicada en la web de la Conselleria de Política Territorial, el Ayuntamiento tendría que haber caducado el PAI, pero en lugar de hacerlo ha cedido a una mercantil la condición de agente urbanizador de una agrupación de interés urbanística que tenía unas condiciones de adjudicación preferentes. Por lo tanto, se tendría que haber caducado por los plazos que marca la Ley Reguladora de Actividad Urbanística (LRAU) y porque la cesión vulnera la libre competencia. Por lo tanto, los actos posteriores (reparcelación y acta de replanteo) podrían considerarse extemporáneos y por todo ello impugnamos con cautelares.

En concreto, la resolución establece que “la aprobación del proyecto de reparcelación presentado por un agente urbanizador diferente a la agrupación de interés urbanístico, seleccionado en fraude a la pública competencia, puede contravenir la disposición transitoria primera de la normativa del Pativel” y añade que “teniendo en cuenta el alcance de la ordenación estructural establecida en el Pativel, cuyas determinaciones de directa aplicación conllevan en este caso una alteración sustancial de la clasificación del suelo afectado, la actuación municipal menoscaba e interfiere competencias de la Generalitat (artículo 66 LBRL), por lo que puede solicitarse del órgano jurisdiccional competente, como trámite inmediato tras la presentación del oportuno recurso contencioso-administrativo, la suspensión del acto impugnado”.

Así, argumenta la necesidad de impugnación, por un lado, “por haberse presentado dicho proyecto de reparcelación por un agente urbanizador seleccionado en defraudación de la pública competencia en la adjudicación”. Y, por otro, “por considerarse la aprobación del proyecto de reparcelación y la posterior acta de comprobación de replanteo e inicio de obras actos administrativos extemporáneos de ejecución que carecerían de cobertura legal, dado que el ayuntamiento debería haber procedido a caducar el PAI”.

Por todo lo expuesto también “procede solicitar, como medida cautelar, la paralización de las obras, dados los efectos irreversibles sobre un espacio de acreditados valores ecológicos, culturales, agrícolas, paisajísticos, de protección frente a riesgos y territoriales, tal y como acredita la evaluación ambiental y territorial estratégica del Pativel”.

Por todo ello, Pardo propone “autorizar a la Abogacía de la Generalitat para la interposición de recurso contencioso administrativo a que se refiere el asunto, para su firma por la honorable señora consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, si procede, previo informe de la propia Abogacía de la Generalitat, que por la premura del plazo previsto para la interposición se solicita con carácter urgente”. La urgencia se justifica en que al haberse aprobado la reparcelación el 13 de marzo, hay un plazo de dos meses para poder impugnar que finalizaría el 13 de mayo.

“Creo que aquello correcto es hacer las cosas ajustadas a la legalidad y que, por lo tanto, la única salida responsable desde las competencias que ostenta esta Consellería es recurrir”, ha afirmado Pardo.

Fuentes del departamento que dirige la consellera socialista Rebeca Torró han comentado que aún no hay una decisión tomada al respecto.

Como ha informado este diario, Siete planes urbanísticos que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de 18.000 viviendas en la costa se exponen a quedar definitivamente desterrados, lo que supondría la conversión de ese suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría por lo tanto la construcción de inmuebles. Así lo establece el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en mayo de 2018 y refrendado el pasado año por la justicia tras los recursos de diversas promotoras. En concreto, el plazo establecido por el Pativel para que se hicieran efectivos los desarrollos pendientes es de cinco años finaliza este mes.

La Conselleria de Política Territorial solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat con el objetivo de que marque la hoja de ruta jurídica para proceder a desclasificar estos siete planes urbanísticos, informe que ya se ha elaborado y que, aunque afirma que deben ser los ayuntamientos los que declaren la caducidad de cada PAI, la Generalitat debe velar por el cumplimiento de lo que establece el Pativel y por lo tanto puede requerir a las autoridades municipales todo tipo de documentación para comprobar que se ha obrado correctamente, e incluso, si se estima oportuno, impugnar en los tribunales cualquier posible infracción del Pativel por parte de los ayuntamientos.

Los sectores que podrían verse afectados por el Pativel y cuyos terrenos pasarán a estar protegidos son: Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela. El programa de actuación integrada (PAI) Sant Gregori Golf de Borriana, que prevé el desarrollo de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo, con unas 6.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, podría quedar fuera al haberse iniciado ya obras de urbanización.