El 92% de los abortos en la Comunitat Valenciana se practicaron en centros privados

Las interrupciones voluntarias del embarazo, despenalizadas en España desde los años ochenta y cuya legislación se revisó en 2010, son excepcionales en la sanidad pública valenciana. Más del 90% de las intervenciones voluntarias del embarazo registradas en la Comunitat Valenciana se realizan en centros extrahospitalarios de titularidad privada, pese a que la mayoría de los profesionales no se declaran objetores de conciencia. La Estrategia de Salut Sexual y Reproductiva de la Comunitat Valenciana, elaborada para el marco de 2017 a 2021, se fijó como uno de los objetivos mejorar los accesos en la red pública a través de los centros de salud reproductiva, una red de 80 centros distribuidos por toda la autonomía.

Las cifras facilitadas por la Conselleria de Sanidad a través de respuestas parlamentarias indican que el ejercicio del derecho al aborto se realiza en centros privatizados y muestran desigualdades territoriales. La mayoría de mujeres se informan en centros públicos pero terminan en centros privados-concertados para realizar intervenciones anteriores a la octava semana de gestación. En 2017, de las 8.171 interrupciones voluntarias del embarazo, el 92,4% (7.546) se realizaron en centros privados. En 2019, de 8.523 intervenciones, 7.782 se realizaron en centros extrahospitalarios de titularidad privada, según los datos del Ministerio de Sanidad y la conselleria. El porcentaje es una constante desde hace dos décadas, según los registros.

El 15% de los médicos valencianos de los servicios de ginecología y obstetricia han declarado por escrito y de forma anticipada, como marca la norma, ser objetores de conciencia; un total de 73 facultativos de los 457. Todos ellos se han amparado en lo establecido en el artículo 14 de la llamada ley del aborto, que indica “Interrupción del embarazo a petición de la mujer” y ninguno se ha negado a practicarlo por causas médicas. Pese a la cifra, existen departamentos de salud donde todos los facultativos se declaran objetores de conciencia, como es el caso del Hospital General de Alicante, según el registro de la conselleria.

La ley Orgánica de interrupción voluntaria del embarazo establece que “si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”. En 2017 Sanidad asumió el 67% de las interrupciones voluntarias del embarazo.

El Parlamento valenciano aprobó el jueves una Proposición no de Ley de Compromís para estudiar cómo hacer que el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no suponga dañar en el de la interrupción voluntaria del embarazo. La resolución parlamentaria, suscrita por PSPV y Unides Podem, insta a la alta inspección del Estado a intervenir cuando en un mismo hospital todos los profesionales se declaren objetores de conciencia para garantizar la asistencia sanitaria a las mujeres que voluntariamente decidan interrumpir la gestación.