La Abogacía de la Generalitat Valenciana pone reparos a las medidas sobre grupos de interés que conlleva el llamado 'plan simplifica'. El decreto estrella del primer año de Gobierno de Carlos Mazón implica cambios en un centenar de normas autonómicas, entre ellas, la regulación sobre transparencia y el papel de los llamados 'lobbies' en los proyectos públicos.
Los abogados de la Generalitat expresan sus dudas en el informe sobre el texto legal, remitido al Ejecutivo y a la Cámara autonómica. Estos documentos tienen carácter preceptivo, no vinculante, pero no dejan de ser un examen jurídico a la batería de medidas aprobada por el Consell. Las Corts Valencianes dieron luz verde al decreto con la mayoría de PP y Vox, pero su tramitación como proyecto de ley abre la puerta a enmendarlo.
Los letrados ponen el foco en los informes que señalan si ha habido participación de lobbies en la norma. El decreto cambia la ley de transparencia para eximir de su aplicación a los instrumentos de planificación territorial; es decir, que en proyectos urbanísticos desaparezca la obligación de informar si ha habido actividades de lobbies relacionadas si no se han manifestado en un primer momento. En concreto, “si previamente o a lo largo del procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley o de un proyecto de decreto del Consell no se han producido actividades de influencia relacionadas con el anteproyecto o proyecto, no sea necesario emitir informe de huella de los grupos de interés negativo para su tramitación, como se exigía hasta ahora, sino una mera constatación en el expediente de esta circunstancia por parte del órgano de tramitación”. La norma, que pretende reducir la burocracia para dinamizar la economía, se estructura en un articulado que reduce los controles públicos, como es el caso.
La Abogacía cuestiona dos artículos en este sentido. El primero, dice así: “Por su naturaleza, se excluyen de esta obligación (se refiere a la obligación de emitir informe de participación de grupos de interés) en los decretos del Consell que aprueben o modifiquen instrumentos de planeamiento territorial, regulados por la legislación de ordenación del territorio”. Los letrados recuedan que “la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los Planes de Acción Territorial, tanto los de carácter sectorial como los integrados, son instrumentos de ordenación territorial que tienen naturaleza reglamentaria. Su aprobación por decreto del Consell exige su sometimiento a todos los trámites exigidos con carácter general, incluido el dictamen del Consell Juridic Consultiu, y también a los específicos derivados de la propia normativa urbanística y territorial”.
La planificación territorial y urbanística, continua el análisis, “es uno de los ámbitos de actuación donde se estima que es más necesaria la transparencia de la Administración de la Generalitat y, por ello, donde tiene mayor justificación la emisión del informe de participación de grupos de interés”. “Además, la transparencia es uno de los principios generales u ”orientadores“ que establece el artículo 2.2 f) del Proyecto de Decreto-ley”, recalca el escrito, que recomienda que no se modifiquen estos artículos y no se retire la obligación de emitir el informe.
Los letrados también cuestionan la siguiente modificación, que también afecta al informe. En concreto, “se recomienda no modificar la redacción del artículo 21.2 del Decreto 172/2021, pues el denominado ”informe de huella de interés negativo“ sirve para identificar cuándo no se han producido ”actividades de influencia“ y también sirve para acreditar que no se ha omitido, por un error en la tramitación del procedimiento, el informe de huella de grupos de interés en el supuesto de que sí se haya producido actividades de influencia”. Y afean al redactor del decreto que “en contra de lo que se afirma en el preámbulo del Proyecto de Decreto-ley, el ”informe de huella de interés negativo“ si aporta un valor añadido al procedimiento normativo y contribuye de esta manera a garantizar la transparencia en la actuación de Administración de la Generalitat, que, reiteramos, es uno de los principios generales u ”orientadores“ que establece el decreto”.
Las medidas siguen en vigor
Aunque el texto se tramite como proyecto de ley y quede abierto a enmiendas, la convalidación del decreto ley por parte de las Corts Valencianes deja en vigor las medidas. Según ha señalado en un comunicado el director general de Simplificación Administrativa, Francisco Ortega, con la convalidación se asegura la “plena vigencia” del decreto y se garantiza que las medidas y disposiciones incluidas “siguen siendo efectivas y aplicables en la Comunitat Valenciana”, señala el responsable autonómico en un comunicado.
Respecto a la tramitación como proyecto de ley, el director general avanza que “permitirá un debate más detallado y la posibilidad de introducir modificaciones y mejoras al texto original”. Sin embargo, remarca que “mientras se realiza este proceso legislativo, el decreto ley convalidado permanece en vigor y sigue teniendo fuerza de ley”.
Reducción de controles
Tras la aprobación del decreto, el portavoz de Administración Local del PSPV, Ramón Abad, señala que “los datos son los mejores reflejos de la política y en este decreto se reconoce que el empleo ha crecido menos en la Comunitat Valenciana que en España, que la inversión extranjera ha disminuido un 15% y que la economía valenciana ha mostrado señales de desacelaración”.
El parlamentario pregunta al PP de Mazón “qué es para ustedes simplificar”: “¿Es eliminar la seguridad jurídica del ordenamiento, volcar toda la responsabilidad en el ciudadano omitiendo toda competencia de la administración y cargarse la democracia eliminando del debate publico y de la deliberación parlamentaria?”, ironiza el representante, que reclama la modificación del texto.