Académicas, juristas, activistas y las autodenominadas trabajadoras sexuales agrupadas en el colectivo Voces Feministas reclaman unas políticas públicas que defiendan los derechos de las trabajadoras sexuales organizadas. La red, que cuenta con cerca de 500 personas, pide un debate “real” ante la propuesta de ley de abolición de prostitución, presentada por el PSOE en el Congreso, y difunde un manifiesto en favor de las prostitutas organizadas.
Las activistas, entre las que se encuentra la jurista Ruth Mestre, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València; Anna Clua, Profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, o Estefanía Acién, doctora en Estudios Migratorios, han difundido un decálogo de peticiones y un manifiesto político que ha sido borrado del portal de Google que lo alojaba.
La red plantea un debate que tenga en cuenta a las denominadas trabajadoras sexuales organizadas y las reivindicaciones de las prostitutas, que sean consideradas como un sujeto político e interlocutor válido, evitando la discriminación y la “violencia simbólica”, como la exclusión del debate o el espacio público. Las activistas también reclaman acceso al mercado laboral para las mujeres que ejercen la prostitución, cobertura social y sanitaria, con independencia de su situación administrativa.
El decálogo aboga por varias medidas legislativas como reformar la Ley de Extranjería, porque, exponen, “la mayoría de quienes se dedican al trabajo sexual son migrantes, frecuentemente en situación administrativa irregular”, cuestión que es “un factor de vulnerabilidad demostrado”. Asimismo, reclaman “proteger a las mujeres frente a la trata y la explotación modificando la política anti-trata actual, que funciona como un instrumento de presión y represión hacia las mujeres migrantes. Se debe distinguir entre trabajo sexual, explotación y trabajo forzado, tal y como recogen el Código Penal y la normativa europea”.
Las impulsoras, algunas de ellas de reconocido prestigio, rechazan las políticas de regulación que “ignoran los derechos de las trabajadoras del sexo”. “No se puede legislar en base al punitivismo sin atender a consecuencias como la revictimización y la reafirmación del estigma”, plantean, sin mencionar el proyecto de ley concreto en tramitación. En esta línea, remarcan: “Las políticas públicas precisan incorporar información útil basada en conocimiento generado desde el terreno”. Esta postura ha ido adquiriendo notoriedad en algunos sectores del movimiento feminista con los años, y ha saltado a la palestra a raíz de la propuesta del PSOE para abolir la prostitución, que algunos sectores consideran prohibicionista. Estos sectores consideran que la propuesta persigue a las mujeres prostituidas y las lleva a la clandestinidad, aunque las socialistas defienden que persigue la demanda y el lucro.
Los últimos puntos del manifiesto abogan por “promover el derecho a la información y a la comunicación para garantizar una esfera pública que dé acceso a una información ética, veraz y rigurosa, libre de discursos de odio y conflictos de intereses” y por “reconocer la lucha de las trabajadoras del sexo como una causa feminista de trayectoria histórica. Su contribución al movimiento feminista no debe ser negada, tergiversada, censurada o manipulada”.