El movimiento por una vivienda digna en València comienza a reforzarse. La acampada espontánea que se originó el sábado después de la manifestación masiva encara su tercera jornada en la Plaza del Ayuntamiento, con el objetivo puesto en organizar el movimiento vecinal. Cerca de 50.000 personas asistieron a las protestas, según los organizadores, –a Delegación del Gobierno rebaja la cifra a 15.000- en una marcha que llenó el centro de la ciudad.
Los manifestantes van acampando por turnos, haciendo guardias para compatibilizarlo con la jornada laboral o las clases. Suelen pernoctar una treintena de personas, pero durante el día suben del centenar, con otros colectivos que se acercan a prestarles su apoyo. Este lunes han sido los iaioflautas, con un concierto improvisado, y también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Muchos de los manifestantes son estudiantes, pero son conscientes de que su reivindicación va mucho más allá. La tasa de emancipación juvenil es de apenas el 16,5% y la mayoría de los menores de 30 necesita ayuda de sus padres para comprar una vivienda, según los últimos estudios, pero la vivienda es ya un problema transversal: en un lustro el alquiler se ha duplicado y el precio de compra roza los máximos de la burbuja inmobiliaria.
Sergio, un joven de 20 años, es uno de los estudiantes que ha acampado. Se incorporó el domingo por la noche después del trabajo. En su vida universitaria ha visto duplicarse el precio del alquiler: “He pasado de pagar 120 euros a 330 por una habitación” en apenas tres años, comenta a elDiario.es. En total, él y sus compañeros abonan mil euros mensuales a su casero por un piso en el último tramo de la avenida de Blasco Ibáñez, rozando el Cabanyal. Se mudaron allí porque su excasero les subió la renta de 1.000 a 1.600 euros de golpe. “Yo vivía a cinco minutos de la facultad y ahora estoy a 35”, relata.
El estudiante de periodismo comenta que es complicado negociar con los propietarios, puesto que muchos contratos se ofrecen como temporales, de menos de un año de duración. Al finalizar el curso, como fue su caso, plantearon una subida abusiva que les hizo trasladarse hasta el límite del barrio. Desde la plataforma “València no està en venda” indican que en el últmo lustro han observado un movimiento interno de Ciutat Vella a Patraix, de Benimaclet a Saïdia... son cambios entre distritos colindantes pero de renta más baja, que a su vez ejercen presión sobre el alquiler: ya no quedan pisos por menos de 600 euros en la ciudad y la onda se expande al área metropolitana.
Alba, de “València no está en venda”, considera un éxito la protesta y el planteamiento de las acampadas. “El objetivo es tejer movimiento vecinal”, explica esta joven de 25 años, que destaca el interés que ha generado el movimiento. . “La gente se acerca y se interesa sobre cómo participar. Preguntan por las asambleas de barrio. Queremos que la gente sepa que en el caso de que la instituciones no den respuestas hay colectivos de barrio donde asistir”, indica. En las últimas semanas, a partir de la organización de la movilización, se han ido creando asambleas nuevas y reforzando el sindicato de vivienda.
Algunas asambleas se agrupan en EntreBarris, colectivo al que pertenece Irene. Esta joven de 25 años reside en La Saïdia, uno de los barrios al otro lado del río que ha ido recibiendo población joven de Benimaclet o Ciutat Vella. Destaca la solidaridad de los vecinos de València, que durante el fin de semana han traído alimentos y enseres básicos a los jóvenes. “Mucha gente viene durante el día. Vamos decidiendo la permanencia día a día. Esto no es una estrategia de la plataforma”, destaca. Algunos representantes comentan que se está estudiando la huelga de alquiler, aunque creen que aún no están en esa fase y sopesan las acciones. Todos destacan que no han recibido apoyo político a nivel local o autonómico, que ningún representante se ha acercado, y dudan de que haya voluntad institucional en la Generalitat Valenciana para resolver el problema de la vivienda.
Las medidas anunciadas hasta la fecha son insuficientes. Las becas que reciben los estudiantes que se trasladan a la ciudad son de 3.000 euros, que no dan para los gastos educativos y el alquiler; el bono joven tiene unos requisitos que dificultan pedirlo si el contrato es temporal y, además, se considera una subvencion indirecta al rentista. Otras, considera la plataforma, no son un remedio: la respuesta no es construir más. Rechazan la edificación masiva y la destrucción del territorio. En su lugar, proponen frenar la turistificación, revertir los apartamentos turísticos y movilizar las viviendas vacías, además de prohibir la especulación.
El presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha reconocido que los acampados “tienen razón”, pero apunta al gobierno del Pacto del Botánico que precedió al suyo como causante del “colapso de la vivienda”. Su Consell, defiende el líder popular, ha “bajado los impuestos a los jóvenes y a las familias para poder acceder a la vivienda”, además de poner en marcha “avales del 100% desde la Generalitat, de los que ya se están beneficiando decenas de jóvenes en los primeros meses”. Las condiciones de quienes acampan distan de poder permitirles acceder a una vivienda en régimen de compra y la propia protesta clama contra las leyes de desprotección del territorio, impulsadas por el Consell del PP.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, indicó que la acampada se desarrolla de manera pacífica y ha destacado que la presencia de la Policía Nacional es solo “preventiva”. “Mientras no se comprometa el orden público, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán para tener una posición preventiva y siempre en plena colaboración y a disposición de la Policía Local y del Ayuntamiento si quiere hacer cumplir la ordenanza de vía pública”, apuntó. El Gobierno no tiene intención de desalojar la plaza en las próximas horas.