El líder de Ciudadanos presentaba este martes una serie de condiciones (seis en concreto) a Mariano Rajoy y el Partido Popular para dar el sí al candidato del PP en el debate de investidura, unas propuestas que han sido aceptadas inicialmente por el presidente del Gobierno en funciones a la espera de que esta decisión sea ratificada por la ejecutiva nacional del PP. Pero, ¿qué consecuencias podría tener la aplicación de estas exigencias para PP valenciano?
Las propuestas de Ciudadanos centradas en regeneración democrática y lucha contra la corrupción recogen la eliminación de los aforamientos y que no haya cargos públicos imputados por corrupción. La primera consecuencia -en el caso de que efectivamente se aplicaran las exigencias de Rivera- sería que Rita Barberá perdería su condición de aforada como senadora. Además, se da la circunstancia de que la propia Barberá es miembro de la dirección nacional popular, por lo que debe ser una de las personas que decida sobre las medidas de la formación naranja.
Más que probablemente, esto supondría su imputación en la causa por blanqueo dentro del caso Imelsa y la operación Taula. El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, solicitó al Supremo el pasado mes de abril la imputación de la exalcaldesa valenciana por el presunto blanqueo de capitales en el grupo popular del ayuntamiento de Valencia, una solicitud que fue refrendada hace apenas unos días por la Fiscalía del alto tribunal. Así, si resultara imputada -y en virtud del acuerdo con Ciudadanos-, Barberá debería abandonar su acta en el Senado.
En una situación similar se encuentra Óscar Clavell, diputado del Partido Popular en el Congreso por Castellón y delfín de la líder del PPCV, Isabel Bonig. El exalcalde de Vall d'Uixó, está acusado de supuestos delitos de malversación y prevaricación. El juez solicitó en abril la confirmación de la condición de aforado de Clavell, dando comienzo de este modo los trámites para su imputación. El diputado popular ya dijo que sólo abandonaría su escaño si se abría juicio oral o si se lo pedía su partido.
En una situación diferente se encuentran los concejales del PP de Valencia -están imputados nueve de los diez ediles, todos excepto Eusebio Monzó, en el marco de la operación Taula- que, si bien fueron suspendidos de militancia, se aferran al acta de concejal y no son expulsados. De este modo, de llevarse a cabo el acuerdo con Ciudadanos, el Partido Popular debería expulsar a sus regidores, a pesar del riesgo de quedarse sin grupo municipal y con tan sólo un representante en el consistorio.