El Gobierno valenciano se desmarca de la política de confrontación pero exige al Gobierno central un plan de transición que garantice la “soberanía hídrica” de las comarcas alicantinas tras el recorte al trasvase. El pleno del Consejo de Estado ha aprobado este jueves por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo a partir de 2026.
La Generalitat Valenciana mantiene este viernes un encuentro para analizar las medidas legales y otras alegaciones respecto al decreto, si el Consejo de Ministros no incluye sus peticiones, pactadas en el Consejo del Agua. La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas considera que el dictamen emitido por el Consejo del Agua afianza la posición del Ejecutivo valenciano, recalcando algunas partes del texto, que apuntan a la “falta de coordinacion de planes hidrológicos” que “puede provocar falta de coherencia de los planes” y una “afección relevante a un elemento de planificación nacional como es el trasvase”.
“Con este dictamen, que no hace otra cosa que avalar la posicion de la Generalitat no tenemos más que reafirmarnos en lo que hemos trasladado en los últimos meses”, ha indicado Mas durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. La Generalitat “exige” al Gobierno central que lo tenga en cuenta para revisar el decreto: “Necesitamos que se continúe manteniendo el agua para la agricultura”, ha recalcado.
Mas, dirigente de Compromís, ha planteado que más allá de resolver la cuestión del trasvase, el Ejecutivo central debe abordar una mirada a largo plazo. “Tenemos que profundizar en lo que va a pasar en los proximos años, en cuál es el plan del ministerio para abastecer a las comarcas alicantinas”, ha indicado, apuntando a las políticas sobre agua desalada, reutilización y depuración, “que tienen que dar viabilidad este tema en el futuro”. “Exigimos diálogo”, ha insistido, dado que “tenemos demasiados retos por delante como para centrarnos en la confrontación”.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, han mantenido este viernes un encuentro para estudiar el dictamen. El informe, consideran, “pone de relieve, tal como indicó en sus alegaciones la Abogacía General de la Generalitat, que el proceso de elaboración del decreto ley sobre el plan hidrológico que afecta a la regulación del trasvase Tajo-Segura no se ha llevado a cabo con la claridad y transparencia deseables”. Por ello, el Consell insiste en que estas conclusiones deben llevar al Ministerio a “hacer una profunda reflexión sobre un tema tan importante y sensible para la agricultura alicantina”.
En declaraciones previas, Puig ha destacado que el informe hablé de la necesidad de un equilibrio entre el trasvase y el caudal ecológico e insiste en que el camino es el del diálogo y la negociación.