2013 ha sido un año especialmente negro para el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. La denuncia de la Generalitat Valenciana, uno de sus principales mecenas, tras el desprendimiento de parte de la cubierta del Palau de les Arts, es la guinda a un año especialmente pésimo.
Calatrava ha sido denunciado también este año por el gobierno italiano en concepto de “daños al erario público”, después de que el Puente de la Constitución que el arquitecto construyó en Venecia. El proyecto, que inicialmente valía 3,8 millones de euros, acabó costando casi el triple, 11,2 millones; ante ello el Estado italiano demandó a Calatrava por errores en el diseño y en la ejecución por lo que le reclama que devuelva 3,8 millones de euros.
Cabe recordar que estos “daños al erario público” han sido mínimos comparado con el Palau de les Arts valenciano, que de los 84 millones de coste inicial se ha llegado a los 1.102,9 millones, según los cálculos de Esquerra Unida.
Por otro lado el Grupo Domeq también reclama a Santiago Calatrava 2 millones de euros por la reparación de la cubierta de las Bodegas Ysios que la empresa tiene en la Rioja Alavesa.
En Oviedo, donde Calatrava ha construido otro gran edificio como es el Palacio de Congresos, la justicia ha condenado al arquitecto a pagar 3,3 millones de euros por los desperfectos que tiene el proyecto.
Además este año otros proyectos que podrían acabar en la justicia son tres puentes construidos en la localidad holandesa de Haarlemmermeer, que se han oxidado parcialmente antes de cumplirse un año desde su inauguración, a la que asistió la propia reina Beatriz. El coste de la rehabilitación de estos desperfectos se ha llegado a cifrar en 50 millones de euros.
Litigio ganado
Pero Santiago Calatrava también ha ganado demandas que ha interpuesto, como la del puente Zubi Zuri sobre la ría de Bilbao por la que demandó al ayuntamiento y ganó el caso en 2009. El consistorio vizcaíno actuó sobre dicho puente ya que los peatones resbalaban sobre su superficie de cristal cuando llovía porque está hecho de losetas de cristal. Además los desperfectos causados suponían un gasto de 240 euros por cada loseta cambiada.
Ante esto el ayuntamiento optó por añadir una pasarela peatonal que diseñó el arquitecto japonés Arata Isozaki, y que conducía precisamente a las torres construidas por el propio diseñador nipón. La intervención supuso la demanda de Calatrava por “daños morales” al modificar su obra. La justicia dio la razón al arquitecto y condenó al ayuntamiento a pagarle 30.000 euros, pese a que Calatrava pedía 250.000 euros y la retirada de la pasarela.