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Anticorrupción pide archivar la pieza de la Fórmula 1 contra Francisco Camps

El expresident Francisco Camps durante una rueda de prensa realizada en la Marina de Valencia

Europa Press

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de València el archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital del Túria, a través de Valmor Sports.

Se trata de la causa principal del procedimiento que el pasado año quedó reducida, tal y como acordó la Audiencia Provincial, a la asunción por la Generalitat de la condición de avalista de Valmor en julio de 2011. Inicialmente estaban investigados en esta pieza Camps, la exconsellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson, y el piloto Jorge Martínez 'Aspar'.

En concreto, la Audiencia, tras estimar parcialmente un recurso de la Abogacía de la Generalitat, ordenó en 2019 que se investigara la indicación u orden de firma del aval de Valmor. Así que el juzgado reabrió las actuaciones.

Es la segunda vez que la Fiscalía insta al archivo de esta causa al no ver delito. De acordarse por el juez, únicamente quedaría activa una pieza del procedimiento, la relativa a las contrataciones del circuito, puesto que recientemente se ha archivado también la abierta por la compra de la empresa Valmor por un euro por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat Valenciana.

En esta pieza principal, el ministerio público sigue sin ver delito: “El presunto responsable del delito no pudo tener la conciencia de actuar en contra del ordenamiento jurídico porque no había, y no hay en la actualidad, norma de aplicación que haya resultado infringida”, señala la fiscal en su escrito, consultado por Europa Press.

Además, indica que no se aprecia voluntad de querer realizar un acto materialmente injusto porque la Generalitat, desde el año 2009, a través de su empresa pública SPTCV, se había constituido en copromotor del evento junto a Valmor, “asumiendo unas obligaciones financieras que, en caso de que el evento no llegase a celebrarse, podía conllevar una sanción millonaria que, en todo momento, se trató de evitar”, sostiene.

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