El exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, es juzgado desde hoy por varios presuntos delitos de corrupción. Se le acusa de intentar beneficiarse de la construcción de una depuradora en el municipio castellonense de Borriol. Presuntamente, Martínez llegó a un acuerdo con el entonces alcalde de esa ciudad y con un técnico de la Diputación para que ampliaran el proyecto a una parcela más. Después, habría comprado a través de un amigo y de sus dos hijos ese terreno. Todos ellos, salvo el técnico de la Diputación, le acompañan en el banquillo.
Martínez se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Sus dos hijos, Francisco y Andrea, se enfrentan también a posibles penas de cárcel. Para el exalcalde de Borriol la Fiscalía pide tres años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude. Está previsto que el juicio se celebre desde hoy hasta el próximo 25 de febrero.
El proceso se inició por una denuncia de Compromís, que desveló que la familia Martínez era propietaria de parte de los terrenos de la depuradora el mismo día en el que el Pleno del Ayuntamiento de Borriol debía aprobar el proyecto. Por ello, el exvicepresidente y también exalcalde de la Vall d’Alba no llegó a obtener el beneficio que presuntamente preveía.