La Audiencia Nacional condena a los cabecillas de la trama Gürtel que organizaron la visita del Papa a Valencia con penas de hasta 15 años de cárcel. El alto tribunal certifica las penas a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al grupo de Francisco Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenan en esta pieza del denominado “caso Gürtel” a 13 años y 7 meses de prisión al líder de la trama, Francisco Correa; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo Crespo; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro Pérez y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra.
El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel -caso de Jacobo Gordon- a los tres años de Francisco Javier Arnuncio Perugio. En el caso de Ramón Blanco Balín ha sido condenado a 1 año y medio de prisión. Por el contrario, la Sala absuelve a dos acusadas para las que la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación en el juicio, Noemí Márquez y Alexandra Andrea Benesovsky, mientras que otros dos procesados fallecieron, Juan Cotino y Luis Sabater Balaguer, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal.
La Audiencia considera probado que hubo una adjudicación directa por parte del director general de RTVV a favor de la empresa interpuesta por la trama Gürtel, Teconsa, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros).
El contrato se firmó por un precio excesivo en la elaboración formal del expediente administrativo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotarlo de apariencia de legalidad e incurriendo en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.