Los socialistas mantendrán silencio sobre su posición respecto a la tasa turística hasta la víspera de la votación. El grupo parlamentario quiere mantener distancias sobre la propuesta pactada con Compromís y Unides Podem en la negociación de los presupuestos de 2022 y tranquilizar a los alcaldes ante el revuelo causado por la posibilidad de establecer un gravamen a las pernoctaciones turísticas.
El lunes los grupos parlamentarios mantuvieron un encuentro con representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que trasladaron algunas inquietudes y aportaciones sobre la proposición de ley, que se decidirá si se admite a trámite este jueves en el pleno de las Corts Valencianes. Las dudas de los ediles son el argumento que emplea el PSPV para mantener la ambigüedad sobre el sentido de su voto, que resultará determinante para que la propuesta siga sus cauces parlamentarios, y que ha generado malestar entre sus compañeros de acuerdo de gobierno. El viernes, representantes de Unides Podem advertían de la ruptura de confianza que se produciría si los socialistas no cumplían lo pactado, en un año clave para reeditar la alianza que les ha permitido gobernar durante dos legislaturas.
La portavoz de los socialistas valencianos, Ana Barceló, insistía este martes, en la última reunión de los grupos parlamentarios previa al debate, en que su grupo está reflexionando sobre el impacto del gravamen. La dirigente considera que la opinión pública y los responsables municipales están confundidos con el objetivo de la tasa y su forma de aplicación dada la “desinformación” sobre el mismo, y apunta que así lo constató el lunes en el encuentro municipalista. En la reunión, ha explicado en rueda de prensa, la portavoz del PP, Maria José Catalá, dio información incorrecta sobre la propuesta, una acusación que han secundado las portavoces de Compromís y Unides Podem.
La portavoz popular ha afirmado este martes que “no es una tasa, es un impuesto”, argumentando que en la propuesta lleva el nombre de Impuesto Valenciano sobre las Estancias Turísticas. Según Catalá, “no es verdad que se aplique solo en los municipios que quieran” y “se puede bonificar temporalmente la parte municipal, pero en cuanto tenga plena vigencia, se cobrará”.
La proposición de ley abre la vía a que los ayuntamientos decidan si quieren aplicar una tasa a las pernoctaciones, que sería de entre 50 céntimos y dos euros en función del establecimiento; y para ello emplea la fórmula de un impuesto autonómico que sería 100% bonificado. “El concepto no está claro”, recalcaba Barceló en rueda de prensa, tras varias preguntas sobre la tramitación del gravamen, donde ha acusado a Catalá de “mentir” y difundir campañas de “desinformación”.
Con todo, en el PSPV insisten en que “no es el momento” de aplicar un gravamen a las pernoctaciones turísticas, dado el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética, que han derivado en un aumento notable de los precios básicos. Barceló ha señalado que los socialistas creen en “la autonomía de los municipios”, pero que los alcaldes les han trasladado que “no ven que sea el momento” y que, de aprobarse la tasa a nivel autonómico, “adoptarán la decisión de no aprobarla” en su municipio. “El grupo socialista sigue pensando que no es el momento”, ha sentenciado tras varias preguntas.
Los socios de gobierno de los socialistas confían en que el sentido del voto sea favorable a la tramitación e insisten en el compromiso suscrito. La portavoz de Compromís, Papi Robles, apuntaba que “ante una propuesta que han hecho los tres grupos conjuntamente, el PSPV la apoyará como no puede ser de otra manera” y recordaba las aportaciones de los socialistas durante la elaboración de la norma. Desde Unides Podem, Pilar Lima ha considerado que los acuerdos “están para cumplirse” y ha lamentado que se está “dramatizando demasiado” el debate sobre el gravamen, poniendo como ejemplo que en Sevilla (PSOE) y Málaga (PP) los ayuntamientos se plantean aplicar la tasa. El miércoles, concluido el “periodo de escucha” con los representantes municipales, los socialistas trasladarán su última posición sobre el gravamen, que empezó a debatirse en 2017 en las Corts Valencianes.