El parlamento valenciano ha vivido este miércoles un bronco debate a cuenta de la ley de Función Pública, uno de los proyectos del Gobierno Valenciano que quedó pendiente la pasada legislatura. La norma establece que los funcionarios públicos del cuerpo de la Generalitat Valenciana deben conocer la lengua valenciana y regulará en un decreto posterior los niveles de competencia lingüística para cada nivel administrativo.
La derecha parlamentaria cree que el deber de un funcionario público de conocer la lengua cooficial es una “imposición” y utiliza las comparaciones más extremas para cargar contra el denominado requisito lingüístico. La oposición ha protestado porque la diputada de Unides Podem Estefanía Blanes se ha referido a la “lengua catalana que hablamos los valencianos” y le han pedido que retirara esta referencia. El diputado de Ciudadanos Vicente Fernández, uno de los candidatos para sustituir a Toni Cantó, ha acusado a los grupos del Botánic de “señalar” a los castellanohablantes: “Ustedes quieren señalar con el dedo a quienes hablan castellano, ponerles un código de barras, quieren marcarlos como hicieron con los judíos y enviarlos a un gueto”.
El diputado de Cs ha criticado el “papelón” del PSPV con sus socios, en referencia a Compromís, y también ha lanzado descalificaciones a diputados del Pacte del Botànic a quienes ha llamado “pandilla de basura” y “atajo de sinvergüenzas”. “Ustedes lo que quieren es matarnos”, ha afirmado, una cuestión que el presidente de la Cámara, Enric Morera, ha propuesto retirar del acta, a lo que el diputado se ha negado alegando que se refería a “matar socialmente y arrinconar”. La ley, ha expresado, es un “bodrio” de “ultranacionalistas” que son el “el búnker de la barraqueta”, y “falsos valencianos” porque “en sus estatutos hablan de los Países Catalanes”.
Para el diputado del PP José Antonio Rovira, la ley no es necesaria y es “sectaria” porque pretende imponer el valenciano y la hoja de ruta de Compromís para “construir la nación valencia en un sentido catalanista”, y donde, a su juicio, el PSPV “solo juega el papel de tonto útil”. “Quieren que solamente hablemos catalán porque el objetivo final es que seamos un apéndice dels Païssos Catalans con los que sueñan”, ha espetado. En la misma línea, el representante de Vox José María Llanos ha acusado al Gobierno de “querer subyugar a los valencianos a unos inexistentes Països Catalans” que “es un compromiso de Vox que nunca existirán”.
La diputada Estefania Blanes, de Unides Podem, ha criticado las enmiendas de “la ultraderecha y los que le hacen el juego” que se basan en “el machismo y el españolismo”, y les ha afeado el “odio” hacia las clases populares al pedir la eliminación de un artículo “pensado para dar apoyo al acceso a la función pública de personas sin recursos”. “Ustedes no tienen vergüenza, no van a pisar nuestros derechos”, ha aseverado, mientras que Nathalie Torres, de Compromís, les ha acusado de “valencianofobia” y de “insultar a la inteligencia con argumentos falsos”. “Hace más de 40 años que envenenan el corazón de esta sociedad sin ningún tipo de pudor”, les ha espetado. La representante socialista Rosa Peris ha acusado al PP de “incoherencia” por votar no “cuando es el partido que introdujo el requisito en la educación” y que en Galicia “es quien aprobó el requisito”.
La parlamentaria socialista ha afeado a los populares una de sus enmiendas que han quedado 'vivas' y que abogaba por eliminar un artículo de protección a las funcionarias víctimas de violencia machista o en baja por maternidad, una cuestión que los populares justifican porque se trata exclusivamente de personal designado discrecionalmente -'a dedo'- y consideran que, si un trabajador es nombrado de esa forma, también debe ser cesado de la misma.