El PP defiende, ahora sí, la inclusión de la deuda del Gobierno central con el sistema de dependencia en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales e Iguldad, Susana Camarero, ha reclamado al Gobierno que ingrese el 50% de la financiación de la Ley de Dependencia que le corresponde esta normativa, aunque en 2023 apenas haya contribuido con 23%.
La titular de Igualdad ha defendido la inclusión de esta partida en los presupuestos y ha criticado al Ejecutivo del Pacto del Botánico -la coalición de PSPV, Compromís y Unides Podem- que no “reclamara” esta cantidad y ha defendido “pintarla” en las cuentas actuales. Pese a las críticas de la oposición, que consideran estos ingresos “ficticios”, Camarero ha defendido que, pese a que Gobierno de España ha pagado nunca a la Generalitat la cuantía comprometida, en este presupuesto se ha “reconocido que nos tienen que pagar”.
La vicepresidenta segunda ha defendido unos presupuestos que incrementan el gasto en políticas de igualdad casi un 1% y en la lucha contra la violencia sobre las mujeres; que hacen posible la creación de plazas en todos los recursos; que aumenta también la partida de atención a la dependencia “para reducir las listas de espera por la desidia y las luchas internas del Botànic. Según ha defendido, en su departamento crece un 40% del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia sobre la mujer -de 26,3 a 36,7 millones de euros-, que se centrará en reforzar los recursos asistenciales a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Camarero asegura que las diferencias de presupuesto se deben a la creación de la figura del comisionado en violencia de género, con un trasvase de fondos, y la reducción del personal asesor.
Promete 10.000 viviendas
El presupuesto para vivienda ha centrado buena parte de su intervención, con la promesa reiterada de poner en marcha 10.000 unidades para el mercado. La titular de Igualdad, que asume este área, antes con departamento propio, ha criticado la baja ejecución presupuestaria del anterior Consell, la lentitud provocada por la burocracia y la escasez de viviendas en el parque público.
Según ha explicado Camarero en su intervención, el presupuesto en esta materia asciende a 385,6 millones de euros, con un incremento de casi un 6% de las inversiones, hasta los 306 millones de euros, los programas de rehabilitación de vivienda que alcanzan los 73,5 millones y los fondos europeos con 157,4 millones de euros.
Las políticas en esta materia girarán en torno a 4 ejes fundamentales: el impulso y refuerzo de las ayudas públicas al alquiler de vivienda; impulso y refuerzo de las ayudas públicas al alquiler de vivienda para jóvenes; promoción de acuerdos con entidades financieras para garantizar, con el aval de la Generalitat, la adquisición de la primera vivienda; y la gestión de incentivos y bonificaciones en IRPF por la adquisición de primera vivienda para jóvenes.