El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que informe acerca de la conveniencia de investigar las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, para saber si éstas fueron ordenadas por el expresidente autonómico Francisco Camps.
Después de que la Sala de lo Penal ordenara reabrir esta causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto dirigido al fiscal del caso para que informe sobre la línea de investigación a seguir, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La Sala acordó la reapertura de esta pieza del 'caso Gürtel' a raíz de las revelaciones que hicieron el líder de la trama, Francisco Correa; el que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', a principios de este año durante el juicio por la financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana que apuntaban directamente al expresidente Camps.
La prevaricación prescribe a final de año
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que los posibles delitos de prevaricación que se le podrían atribuir a Camps prescriben a finales de este mismo año debido a las fechas de los contratos con Orange Market, de modo que el inicio de las diligencias deberá ser inminente.
Eso sí, aún no se ha decidido si la investigación al expresidente será, además de por malversación de caudales públicos, por prevaricación en los últimos contratos o se le podrá atribuir prevaricación continuada, lo que incluiría un mayor número de adjudicaciones al Grupo Correa.
El Ministerio Público remitió su escrito a la Sala de lo Penal después de que Ricardo Costa revelara durante el juicio de forma inesperada que fue Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
El líder de Gürtel, Francisco Correa, dijo en ese mismo juicio que los contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.
Averiguar si fueron las “primeras autoridades”
Para el tribunal que ordenó la reapertura de las investigaciones, de esta confesión “se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana”.
En ese juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, Dora Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que no se reunió “con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos”.
Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez la Sala de lo Penal ordenó reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.
En segundo lugar, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.