La vicepresidenta segunda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, acumula un historial conflictivo con las entidades sociales en su primer año en el Gobierno valenciano. La número tres del Consell de Carlos Mazón fue promocionada como un contrapeso a la ultraderecha. Dado su trabajo como secretaria de Estado de Servicios Sociales entre 2014 y 2016 y presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, la exdiputada en el Congreso fue elegida para llevar una de las áreas de mayor peso: la Conselleria de Igualdad y de Servicios Sociales.
Su trayectoria, en la que destaca la elaboración del pacto de Estado contra la violencia de género, no es suficiente para tranquilizar a las entidades sociales, que ven con preocupación la acción de la extrema derecha en el Gobierno autonómico. Camarero ha ejercido habitualmente de escudo del Consell. Es ella quien responde en las sesiones de control parlamentarias a las críticas contra Vox en materia de violencia de género; también ella quien se reúne con los colectivos que protestan.
En las últimas semanas colectivos feministas y LGTB+ han alzado la voz contra las políticas impulsadas por Vox, su socio de Gobierno, pero también contra las medidas impulsadas desde la propia vicepresidenta. Primero fue el nombramiento de los vocales en el Consejo de Inclusión, donde las entidades LGTB denunciaron que se ha nombrado a un alcalde del PP -y tránsfuga de Ciudadanos- como si hubiera sido propuesto por el Consejo Trans, sin haber pasado por este órgano. Una veintena de colectivos firmaron un documento en el que denunciaron el nombramiento a dedo, “de manera irregular”, considerando que la titular de Igualdad “usurpa” sus competencias. “Es el Consell trans, no tránsfuga”, le reprochó el portavoz socialista José Muñoz.
Las entidades también comunicaron su desvinculación de los actos del Orgullo de este año por las “injerencias” del director general de Igualdad, dependiente de su conselleria. La asociación Lambda ha suspendido la fiesta posterior a la manifestación para no participar de un “pinkwashing” (el blanqueamiento de las políticas ultras bajo el paraguas LGTB) y denunciar la regresión en políticas públicas.
La respuesta de la conselleria a la denuncia fue asegurar que la Generalitat trabaja “sin sectarismo ideológico” y que se ha reunido con todas las entidades. Todo ello mientras en el Ejecutivo hay disputas sobre los actos de visibilidad del colectivo y en las Corts Valencianes se rechaza organizar jornadas contra la discriminación. La entidad recuerda “la eliminación de la formación en diversidad LGTBI a más de 20.000 jóvenes en la provincia de Valencia, la censura de libros infantiles sobre diversidad familiar y LGTBI y la negación de la discriminación que padece el colectivo LGTBI por parte de miembros del Gobierno valenciano”.
Este jueves, en la sesión de control al Consell, la titular de Igualdad cargó directamente contra Lambda, acusándoles de estar molestos por la “pérdida de privilegios” y vinculando la asociación a Compromís. Pese a que Lambda se constituyó en 1986, la consellera ha asegurado que “nace y crece” de la coalición valencianista -que se crea en 2011 ya separada de Esquerra Unida tras un pacto previo-, que nutrió sus filas y sus altos cargos les “daban subvenciones millonarias”. “No confundan perder derechos con que sus asociaciones amigas pierdan privilegios”, ha espetado a preguntas de la coalición valencianista.
Evita pronunciarse sobre la asociación de hombres maltratados
En la misma sesión parlamentaria, la vicepresidenta fue interrogada en dos ocasiones por el PSPV sobre la fundación de hombres maltratados que se ha registrado con el aval de la Conselleria de Justicia, que dirige Vox. La titular de Igualdad evitó pronunciarse sobre esta cuestión y contestó con un ataque directo a la diputada Rosa Peris, que fue directora general de Igualdad en 2004. “Ya está bien de utilizar a las mujeres. Ni una marcha atrás, ni un paso atrás en los avances concedidos, tolerancia cero es lo que aplica este gobierno”, dijo, para asegurar que “un relato falso está lleno de incertidumbre” y apuntar que ese año se inscribieron asociaciones de padres maltratados. Pero una asociación no es lo mismo que una fundación, recuerdan los socialistas. Una fundación, que puede recibir subvenciones públicas, se considera de interés general. Registrarla implica darle prestigio a un colectivo que defiende a acusados de violencia de género y tergiversa los datos de violencia machista, recuerdan los socialistas.
Por esta misma cuestión solicitaron un encuentro una decena de colectivos feministas con la consellera. En la reunión, celebrada el martes, Camarero les abroncó por un discurso de considera alarmista. Según las asistentes, les afeó hacerle publicidad a la entidad, y consideró un “relato falso” que puedan recibir ayudas públicas o que exista un retroceso en igualdad con el Ejecutivo de PP y Vox. En el comunicado difundido tras el encuentro la conselleria afirma que existe “una línea roja” para el Gobierno valenciano que es que la violencia contra la mujer “no se toca”.