Carlos Fabra ante su 'bestia negra' siete años después: el juez que sentó en el banquillo al expolítico del PP vuelve a investigarlo por corrupción

Al antiguo todopoderoso líder provincial del PP Carlos Fabra solo lo condenaron por delito fiscal. Pese a las numerosas imputaciones y acusaciones que incluían todos los delitos de guante blanco tipificados en el Código Penal, solo la Agencia Tributaria pudo echarle mano tras detectar que no pagó 700.000 euros en impuestos de los más de dos millones de euros que atesoraba sin aclarar su origen en cuentas bancarias. Y eso que le tocó la lotería en varias ocasiones. Ni la presunta venta fraudulenta de fitosanitarios, ni un cohecho vinculado a las subvenciones al motociclismo, ni tampoco las acusaciones que vertieron sobre él en el caso Gürtel consiguieron volverle a sentar en el banquillo. Al final, 16 meses en la prisión de Aranjuez, la mayoría en la enfermería por su trasplante de hígado y un plácido tercer grado hasta finalizar la condena de cuatro años.

Pero todavía no han pasado ni dos años de haber cumplido con la sociedad y teóricamente haberse rehabilitado y el que fuera 16 años presidente de la Diputación de Castellón vuelve a tener problemas con la justicia. Al contrario que en los otros casos, los agentes de la Policía Nacional se han personado en su casa particular en la conocida urbanización Platgetes de Oropesa para registrarlo. Esta nueva investigación arrancó en 2017 y ha sido declarada secreta. Junto a Fabra, ha sido imputadas otras tres personas que estarían relacionadas con el expolítico y la presunta comisión de delitos.

Otra vez el juez Jacobo Pin

El juez instructor que instruye la causa es Jacobo Pin, un viejo conocido de Carlos Fabra puesto que fue quien consiguió poner orden en la investigación que sentó en el banquillo a Carlos Fabra en 2013. De hecho, en los juzgados de Nules que investigaron al expolítico en el caso de los fitosanitarios hasta nueve jueces y cuatro fiscales dejaron la instrucción a medias y cambiaron de destino. Fue un joven Pin, nacido en 1981, el que tirara adelante con las pesquisas y cerrara la instrucción que acabó con la condena al expresidente de la Diputación de Castellón. Este magistrado llegó a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial por las presiones que recibió para cerrar la causa.

La investigación la ha asumido el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón del que es titular Pin y persigue la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública. De momento no ha habido detenidos, pero la policía salió este martes del domicilio de Fabra con varias cajas de documentación. Los imputados tendrán que presentarse en el juzgado para ser interrogados los próximos 28 y 29 de octubre. Fabra se volverá a enfrentar en un juzgado con su bestia negra.

En declaraciones al diario Mediterráneo, Carlos Fabra se ha mostrado “sorprendido” y ha defendido que ha “rendido cuentas con la justicia”. “Se han llevado cuatro papeles sin importancia y el disco duro del ordenador”, ha asegurado sobre un registro en el que ha estado presente y ha durado casi siete horas.

Fabra regresa así a la primera línea de actualidad tras meses desaparecido. De hecho, sus últimas intervenciones habían estado vinculadas a sus coqueteos con Vox y a sus idas y venidas con el Partido Popular, formación que manejó con puño de hierro durante dos décadas. Su casa, ahora registrada por la policía, fue un importante lugar de reunión política en la década de los años 90. El propio José María Aznar acudía a veranear a esta conocida urbanización de Oropesa donde cuajó una estrecha amistad con Carlos Fabra. De aquel poder y aquellas amistades poco le queda al expolítico, pero sus problemas con la justicia parecen no acabar nunca.