“Nadie nunca me ha advertido de ninguna ilegalidad en el funcionamiento de la corrida, ni por parte de la secretaría general, ni de la intervención, ni de la tesorería”, así se ha manifestado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabrasobre en su declaración como imputado por el sistema por el que se enviaban a los ayuntamientos entradas para la Corrida de la Beneficencia cuyo importe se les descontaba posteriormente. Fabra además ha responsabilizado hoy a su sucesor al frente de la Diputación de Castellón sobre la metodología que se utilizaba para financiar estas corridas de toros.
Fabra por otro lado, tras salir del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón donde ha estado declarando durante tres horas, sí que ha dicho sentirse “políticamente responsable” de las corridas de toros. El también expresidente provincial del PP ha declarado en calidad de imputado junto al exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez por un posible delito de prevaricación y fraude en el método de cobro de las entradas de la corrida de la Beneficencia que organizaba la Diputación de Castellón.
A su salida de la Audiencia Provincial, Fabra ha asegurado que ha manifestado ante la juez “cosas que se han repetido hasta la saciedad”. Fabra ha dicho sentirse “políticamente responsable de las corridas de la Beneficencia” ya que “permitieron que muchas asociaciones de discapacitados, durante muchos años, pudieran percibir beneficios”. Sin embargo, la corrida “no es asunto mío, sino que se venía haciendo en la época de Solsona de la UCD y en la etapa predemocrática”, ha señalado.
Fabra ha agregado que en ningún ayuntamiento de la provincia, “sus técnicos municipales les han hecho alguna advertencia de ilegalidad”, por lo que “presumimos -ha dicho- que estamos dentro de la ley”. También ha manifestado que a preguntas del fiscal, no ha podido recordar que en los años en los que fue presidente de la Diputación “se hubiera hecho nunca ninguna compensación de deuda por la corrida”.
En este sentido Fabra se ha apuntado a su sucesor en la corporación y ha manifestado que cuando se tomó el acuerdo de compensación de entradas de 2012, “hacía un año” que él no era presidente de la Diputación. La decisión de compensación, ha agregado, “la toma el equipo de Gobierno presidido por Javier Moliner”, su sucesor, por lo que ha aconsejado que se le pregunte a él.
Preguntado por el caso de Vila-real, que motivó la condena a la Diputación a abonar al Ayuntamiento los 19.850 euros cobrados mediante compensación por unas entradas que no llegaron a comprar, Fabra ha dicho que él “no estaba”, por lo que ha insistido: “Que le pregunten al actual presidente de la Diputación”. A preguntas de los periodistas ha evitado opinar sobre “lo que hace Moliner en la Diputación”.
Fabra ha explicado que a los ayuntamientos “toda la vida se les enviaba las entradas para que ayudaran con su distribución”, y el que no las quería las devolvía todas o la mitad de ellas. Sin embargo ha aseverado que “no había imposición a ningún ayuntamiento para adquirirlas, ni había nunca represalias”. “Durante dieciséis años puedo presumir muy alto y muy fuerte de que nunca ha habido ninguna discriminación a ningún ayuntamiento por su color político, y menos por la corrida”, ha agregado.