El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, continua en su diseño de un Ejecutivo más reducido en aras del “ahorro” en gasto político. El dirigente popular firma este jueves el decreto del llamado segundo escalón del Consell, aquel que fija el número de secretarías y subsecretarías autonómicas en las conselleries, después de haber reducido de 12 a 10 los departamentos.
Según sus palabras, el segundo escalón pasará de 56 a 45 personas. Hasta la fecha, cada departamento de la Generalitat contaba con una subsecretaría y dos secretarías autonómicas, salvo Presidencia y la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad. Presumiblemente, seis de ellas se esfumarán con las dos conselleries que desaparecen -Transparencia y Universidades e Innovación.
Mazón promociona la medida como parte de un plan de adelgazamiento administrativo, lo que en campaña denominaba la “grasa” del Consell. La rebaja supone un ahorro anual de cerca de 800.000 euros. “Casi tres millones de euros en esta legislatura se van a ahorrar los valencianos solo en políticos”, afirmaba el presidente valenciano, durante el traspaso de carteras de su vicepresidente primero, Vicente Barrera. “Que se sepa que seguimos en esta fase de optimización y de reducción del gasto político, empezando por los políticos, y seguiremos con la estructura de eventuales y directores generales en la próxima fase”, ha insistido.
El ahorro anunciado supone una ínfima parte del presupuesto de la Generalitat Valenciana y de la merma de recaudación prevista si, como ha indicado en varias ocasiones, se bonifica el impuesto de Sucesiones. El presupuesto que dejó el Gobierno del Pacto del Botánico (la coalición del PSPV, Compromís y Unides Podem) es de 28.000 millones de euros; algo más de 22.100 millones si se excluye la deuda, el llamado gasto real. De esta cifra, el gasto en personal presupuestado y aprobado por las Corts Valencianes es, para toda la Generalitat Valenciana, de 8.123 millones de euros, según figura en el capítulo I del tomo de Presupuestos.
El presidente ha reiterado su disposición a bonificar al máximo el impuesto de sucesiones, alegando que implica pagar dos veces por lo mismo. En 2022 se recaudaron con este impuesto 354 millones de euros y la previsión de recaudación para 2023 era de 392 millones de euros, pese a los beneficios fiscales como la bonificación para las empresas familiares. Después del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, es el principal agente recaudador de la Generaliat. Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas suponen en su conjunto el 21% de los ingresos totales estimados para las arcas públicas. La bonificación del tributo de sucesiones y la derogación de la ley de la tasa turística, aún sin implementar en ningún municipio, son las prioridades para Mazón, según apuntó en su discurso de investidura.
El decreto de organización del Consell se publicará este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y se dará cuenta del mismo en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo. Será el propio Mazón quien ofrezca la información, según figura en su agenda, y en los próximos días se concretarán algunas decisiones en materia tributaria. El presidente y su entorno han apuntado en varias ocasiones su intención de reducir el gasto público, indicando que Europa bajará el techo en los próximos años y llamará a los ajustes. La primera reunión del gabinete de Mazón se celebra en Alicante, coincidiendo con la constitución de la Diputación, que él presidía, y en él se prevén los primeros anuncios en materia fiscal. Las cuentas las tendrá que explicar y elaborar la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, que hace seis meses era la líder de Ciudadanos.