Carlos Mazón resucita la empresa pública de construcción de colegios saqueada en la etapa de Francisco Camps

El Gobierno de Carlos Mazón aprobaba hace apenas una semana un decreto ley para reactivar la empresa pública Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A.), sociedad creada a principios de siglo por el entonces president de la Generalitat Eduardo Zaplana para la construcción de centros educativos y que saltó a la actualidad por los elevados sobrecostes abonados a raíz de la adjudicación de infraestructuras educativas en época de Francisco Camps como president –la investigación judicial fue archivada en verano de 2023– y la contratación de personal 'zombie', que cobraba a pesar de no acudir a trabajar. El objeto de este movimiento, según justifica el Ejecutivo autonómico, es “facilitar la reconstrucción de los centros educativos dañados por la riada”.

Desde el PSPV, el exsecretario autonómico de Educación en los dos Gobiernos del Botànic, Miquel Soler, denuncia que Mazón ha reactivado “la ‘cueva de Alí Babá’ de Ciegsa” con el pretexto de la DANA y, de paso, “impone la integración de los enchufados del PP en la Administración autonómica como personal a extinguir”, de forma que “les asegura un sueldo público de por vida”.

Esto se debe a que, según recoge el decreto ley, a partir de la fecha de extinción de Ciegsa, el personal laboral de la empresa pública “se integrará en la Conselleria de Educación como personal laboral fijo de la Administración de la Generalitat con la condición ‘a extinguir’, mediante la superación del correspondiente proceso selectivo, conforme a la normativa aplicable”.

Soler censura el cambio de normativa del Gobierno de Mazón para atribuir ahora más potestades a la empresa creada en 2001 para la construcción de colegios y que ha protagonizado “numerosos escándalos de corrupción y sobrecostes”, de forma que “se convirtió en la ‘cueva de Alí Babá’ del zaplanismo y del campismo”. La norma ha entrado en las Corts esta semana para su convalidación.

Rovira “justifica” Ciegsa mientras “congela” Edificant

El responsable de Educación de los socialistas valencianos lamenta que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, “justifica la reactivación de la sociedad anónima con la DANA, mientras ha congelado el Plan Edificant de construcción de centros educativos a través de los ayuntamientos y ha retirado proyectos que estaban a punto de adjudicarse por criterios políticos y sectarios en localidades gobernadas por alcaldes socialistas”. “Que dejen de mentir y de marear a las localidades afectadas por las inundaciones porque no les han dado nada, ni obras ni profesorado”, ha aseverado.

El Plan Edificant, recuerda Miquel Soler, supuso un impulso sin precedentes en la construcción de colegios, acabando con los barracones estructurales que había dejado el PP, “y ahora Mazón vuelve al modelo opaco de Ciegsa, que fue un caldo de cultivo para la corrupción”. “Con Ciegsa, la construcción de colegios tuvo sobrecostes del 36% sobre lo que habría supuesto hacerlos desde la conselleria”, señala Soler, quien añade que con el modelo Edificant, “se acabó con los sobrecostes”.

En ese sentido, el responsable de Educación lamenta que Mazón “ejerce, una vez más, de zaplanista, recuperando la empresa que protagonizó uno de los episodios más negros de la Comunitat Valenciana, con ‘zombies’ que hoy en día ocupan escaño en las Corts Valencianes y con una sentencia judicial del caso Taula aún pendiente en el Tribunal Supremo”. En concreto, se trata de la sentencia de la Audiencia de Valencia por la que se condenó a 5 años de cárcel al expresidente del PP de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; al exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla; y al exgerente de Imelsa, el ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, por los contratos de personal ‘zombie’, que cobraban sin ir a trabajar, en Ciegsa y en Imelsa“.

Soler también ha constatado que “la corrupción del PP sigue manchando la imagen de la Comunitat Valenciana tras reconocer el número dos de Alfonso Rus que ocultó su patrimonio al saber que estaba siendo investigado por los zombies de Ciegsa”. El responsable socialista se refirió así a las informaciones sobre que Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la diputación, se ha reconocido culpable de un delito de alzamiento de bienes, con una condena de 11 meses de cárcel, por ocultar su patrimonio a la juez al tener conocimiento de que lo podían estar investigando por el citado caso Taula.

Asumir funciones “de forma transitoria”

Ciegsa, según el decreto ley del Consell, debe extinguirse antes del 31 de diciembre de 2026 –fue el popular Alberto Fabra quien dictó en 2013 la disolución de una empresa marcada por la corrupción, y el Botànic prorrogó su actividad para que se encargara de la gestión de las aulas prefabricadas–. En virtud de la nueva norma, la mercantil asumirá, “de manera transitoria” los encargos de gestión por parte de la Conselleria que sean necesarios para agilizar los trabajos de conservación, rehabilitación y reconstrucción de los centros afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Estos trabajos incluyen la instalación y conservación de aulas prefabricadas de escolarización provisional y la gestión de la recuperación y reconstrucción de los centros docentes públicos que hayan sufrido daños como consecuencia del temporal cuando sea considerado necesario, inaplazable y de interés público, así como las actualizaciones normativas de proyectos constructivos ya contratados que le sean encomendados.

La empresa pública, que hasta ahora se dedicaba a la gestión de la instalación y conservación de aulas prefabricadas de escolarización provisional, se encargará también de las labores de recuperación y reconstrucción de los centros docentes afectados por las inundaciones en virtud de un cambio aprobado por el Consell.