Carmen Montón dice que la decisión Constitucional no afecta a las instrucciones y seguirá la atención universal

Europa Press

Valencia —

La consellera valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha asegurado que la atención sanitaria universal sigue “vigente” porque la decisión del Tribunal Constitucional (TC) afecta al Decreto Ley 3/2015, pero no a las instrucciones.

Desde Conselleria han explicado mediante un comunicado, que el 21 de julio de 2015 la Conselleria de Sanitat emitió desde la secretaría autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público las 'Instrucciones para Garantizar el Acceso Universal a la Sanidad Pública'. Este documento sigue vigente y garantiza la prestación sanitaria universal.

Con posterioridad, el Consell aprobó el decreto ley 3/2015 de 24 de julio que regula el acceso universal a la atención sanitaria. Este Decreto ley fue convalidado por las Cortes Valencianas el 9 de septiembre de 2015. El contenido del decreto ley es “similar” al de las instrucciones en cuanto a la prestación sanitaria integral. La diferencia estriba en el distinto rango normativo entre ambas medidas.

Por ello, desde la Conselleria ha destacado que “la universalidad en la atención sanitaria sigue vigente en la Comunitat Valenciana”. Para Montón, “es el momento de reclamar con mayor fuerza la derogación” del Real Decreto 16/2012 “de la exclusión sanitaria de Rajoy”.

La Conselleria ha reenviado a todos los departamentos las instrucciones emitidas en 2015 para recordar la vigencia de la cobertura sanitaria universal y de los procedimientos administrativos de protección sanitaria establecidos desde hace más de dos años, con el fin de recordar que no solo se mantiene la cobertura a las 23.663 personas que ya se han beneficiado de la medida sino también a las que sigan solicitando la cobertura sanitaria a la Generalitat.

La Conselleria “seguirá defendiendo el derecho a recibir una atención sanitaria integral de todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana por el hecho de serlo así como también la derogación del Real Decreto 16/2012 que excluyó a colectivos como los migrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria normalizada”.