Piden 10 años de cárcel para Castedo y Alperi por amañar el PGOU de Alicante para los 'pelotazos' de Enrique Ortiz
Los exalcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se enfrentan a 10 años de cárcel por amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del constructor Enrique Ortiz, que se iba a aprovechar de un 'pelotazo' global de hasta 42 millones de euros. Esta es la pena que pide el abogado de Esquerra Unida que ejerce de acusación popular en el caso Brugal, que acusa a amblos exediles de responsables de un delito continuado de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias.
Esta petición de penas, además de 16 años de inhabilitación, la desvela el diario El Mundo, que además también incluye una petición de cárcel de 13 años para el propio Ortiz por los mismos cargos. La calificación que explica el diario sería “muy severa” porque Enrique Ortiz habría estado informado continuamente de la redacción del PGOU, dando su visto bueno a todos los pasos.
El escrito afirma que Ortiz conocía “de antemano” cada detalle, porque “consta que los acusados Díaz Alperi y Sonia Castedo entregaron planos de la revisión del PGOU a Ortiz, anteriormente a la exposición pública, y las dos aprobaciones provisionales, del PGOU”. Entre los sobornos se indica que “incluso llegó a entregarle suculentas cantidades de dinero en metálico” el constructor a Castedo, además de vacaciones, viajes en aviones privados y yates, e incluso pisos para los hijos o un coche para la niñera de Castedo, detalla el documento de EU.
En el mismo escrito se añade que Ortiz -financiador en negro confeso del PP- “llegó a ser el empresario más influyente de la Comunidad”. EU en este campo le reconoce cierto “virtuosismo”: “El modus operandi de dicho acusado, similar al de todas las tramas de corrupción destapadas en España en los últimos años, pero en el presente caso con una eficacia que roza el virtuosismo, consistía en acercarse a los centros de poder del Partido Popular y, a cambio de propiciar a cada uno de los actores políticos favores personales, o a la organización política a la que pertenecían, obtenía toda suerte de decisiones favorables a sus intereses económicos, siempre relacionadas con el ámbito competencial de las autoridades y servidores públicos de las Administraciones Públicas”. En referencia a la financiación irregular del partido añade que “cuando financiaba al PP autonómico, se redactaba la revisión del PGOU alicantino”.
Entre los casos concretos EU en su documento usa una conversación telefónica intervenida por la policía en la que se citan en Andorra Ortiz, Castedo y Ricardo Costa (ex número 2 del PPCV que también ha reconocido la financiación ilegal) durante la navidad de 2008, en pleno periodo de alegaciones del PGOU de Alicante. En esta cita, según el abogado, Ortiz “no dudó en agasajar a Alperi y éste se dejó”, “lo hacía constantemente con toda suerte de atenciones, pero sobre todo con aportaciones económicas”.
Entre los arreglos constantes se explicita en una conversación: “te hemos apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet”, en referencia al sector Las Lomas', que habría supuesto una revalorización del 4.600%, pasando el terreno de valer 87.439,39 euros a 4.036.025,73 euros.
