La ley trans valenciana ha supuesto un avance en el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI, especialmente en el ámbito sanitario y educativo. Así lo considera el informe de aplicación de la norma en su quinto año de vigencia, un documento que cuenta con el visto bueno y las aportaciones de entidades sociales agrupadas en el Consejo Consultivo Trans.
Las entidades sociales hacen un balance positivo de los cinco años que la norma lleva en vigor, aunque alertan de las dificultades para las personas más vulnerables de acceder a la cartera de servicios desarrollada. En esta categoría incorporan a las personas trans migrantes, en situación administrativa irregular, o en situación de prostitución que, apuntan, requieren de un mayor esfuerzo de la administración para no quedarse al margen. “Seguimos detectando que queda mucho camino por recorrer para atender a las personas trans que viven en situación de extrema vulnerabilidad, por falta de acceso a recursos básicos, por sufrir violencia, acoso, problemas de autoestima e intentos de suicidio. Para ello es preciso seguir abordando actuaciones más específicas que atiendan a las personas trans con mayor grado de exclusión social”, recalcan en el informe.
El documento, ratificado en el pleno del Consell del pasado viernes, recopila información estadística y observaciones para mejorar en la aplicación de la norma, una de las iniciativas autonómicas pioneras en la despatologización de la transexualidad y en los cambios en los documentos administrativos sin necesidad de cirugía. La norma prevé el cambio de nombre en la tarjeta SIP -no de sexo- que se permite a todas las personas que lo soliciten, sin aportar ningún documento. Desde 2017 más de un millar de personas han recurrido a esta posibilidad, para la que basta acudir al centro de salud de referencia. Junto a ellas, 88 personas han solicitado la rectificación de la identidad de género en otros documentos administrativos; personas que, indica el texto, por diversas razones, no tienen acceso al cambio registral según la normativa estatal.
En 2017 se crean las unidades de identidad de género en la sanidad valenciana, una estructura específica para la atención a las personas trans, que se dividen por niveles asistenciales e incorporan atención psicoterapéutica, terapia hormonal y farmacológica y atención quirúrgica para la atención de niños y niñas, adolescentes y personas adultas trans. Según los datos de la conselleria, recogidos en el informe, entre 2017 y 2021 -ambos inclusive- se realizaron 279 intervenciones quirúrgicas, 454 personas trans recibieron atención y se dispensaron 371 tratamientos de terapia hormonal y farmacológica.
5.000 atenciones en los servicios de orientación
La norma, uno de los primeros proyectos legislativos aprobado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, incorpora la creación de las oficinas Orienta LGTBI, un espacio para la atención social, acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y jurídico, orientación educativa y laboral, asistencia en delitos de odio y en casos de violencia intragénero.
Estas oficinas han realizado más de 15.000 atenciones desde su puesta en marcha, de las que más de 5.000 -casi el 30%- han sido a personas trans, con 522 usuarios. Cerca de la mitad de atenciones se han realizado con personas menores de 30 años, lo que para las entidades implica una necesidad de acompañamiento temprano a las personas trans. La atención a la preadolescencia y la adolescencia representa el 16,4% de las consultas, un porcentaje que sube cinco puntos respecto a los datos recogidos en el anterior informe. La mayor parte de estas consultas -el 46%- se refiere al acompañamiento psicológico y a los grupos de ayuda mutua, aunque el informe destaca las atenciones vinculadas con situaciones de transfobia y delitos de odio. En concreto, durante 2021 las oficinas Orienta atendieron a un total de 17 personas trans.
Los datos de la Conselleria de Educación avalan esta idea, en base a los protocolos activados en los centros, que se activaron 221 veces entre los cursos 2018-2019 y 2020/2021, de los que más de la mitad (130) corresponden solo a 2020-21. Respecto a las incidencias por acoso relacionadas con el colectivo LGTBI, representaron un 4% de los casos de acoso en el curso 2018-2019, un 7% en el 2019-2020 y un 6,8% en 2020-2021. Estas cifras “evidencian que es una realidad poco visibilizada por miedo a mayores represalias tanto en el centro educativo como el entorno familiar”, apunta el texto.