En el último año completo de legislatura valenciana existen, al menos, dos consensos. El primero, que el sistema de reparto de recursos del Estado genera y agrava las desigualdades entre ciudadanos en función del territorio. El segundo, que este problema no va a solucionarse esta legislatura, si no se han iniciado ya los trámites.
Las formaciones políticas valencianas encuentran un punto de acuerdo en el diagnóstico de la infrafinanciación autonómica, pero no para su solución. Las Corts Valencianes han celebrado este viernes una jornada interparlamentaria con representantes en el Congreso y en el Senado para abordar una postura común ante la reforma del sistema, caducado desde 2012 y que genera un agujero millonario en las arcas públicas. Todos los partidos, salvo la extrema derecha, han participado en el encuentro, que ha derivado en un cruce de reproches y algunas propuestas políticas.
Desde que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, enviara a las comunidades una propuesta de definición del criterio de población ajustada y los consejeros del ramo la enmendaran, apenas se conocen pasos en la reforma del modelo. Ante las dificultades para poner de acuerdo a la mayoría necesaria para abordar una reforma de la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, que data de 1980, la coalición Compromís ha registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar la ley 22/2009, que afecta a las Comunidades Autónomas de régimen común, para la que, consideran, basta con la mayoría absoluta que ya tiene el Gobierno de coalición en la Cámara baja. La propuesta de los valencianistas, que han presentado la diputada autonómica Aitana Mas y ha registrado Joan Baldoví en el Congreso, asume en esencia la postura de los expertos del Consell para la reforma del sistema y plantea un modelo más sencillo, eliminando los fondos que distorsionan el reparto.
El texto plantea que las aportaciones de la Hacienda central a las autonómicas de régimen común -las forales operan al margen en este cálculo- se limite a un fondo de garantía, eliminando del cálculo otras variables que se consideran menos equitativas. La redacción plantea que el Estado incorpore a los recursos 19.854 millones de euros, la suma de los fondos equivalentes, teniendo en cuenta la liquidación del sistema de 2019, la última hasta la fecha. El cálculo suma el fondo de suficiencia, el fondo de convergencia y el aumento de recaudación tributaria fruto de la última subida del IVA que no se repartió territorialmente.
La coalición indica como criterio de reparto el de “población de derecho”, que sustituye al de población ajustada, actualmente en discusión, y busca un equivalente en el coste de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas. Asimismo, incluye un apartado de compensación del endeudamiento derivado de los déficits de financiación -la llamada deuda histórica-, que tendrá que calcular la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).
Los diputados autonómicos, nacionales y senadores coinciden con lo que vienen señalando informes de expertos en distintas formas: que el sistema vigente genera y agrava las desigualdades entre ciudadanos según su territorio. Así lo han indicado reiteradamente el grupo de expertos en financiación del Consell, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el organismo Fedea, la Sindicatura de Comptes y se ha puesto de manifiesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a los consejeros de Hacienda. Pero el agravio se muestra también en la ejecución de inversiones territorializadas, que dejan a la Comunitat Valenciana con apenas un 30% de ejecución de lo presupuestado o en la concentración de recursos públicos en Madrid -que también es centro de decisión y se beneficia de ello mientras reclama bajadas de impuestos-.
Convocados por el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, los representantes de PP, PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem-Esquerra Unida, han planteado una evaluación rápida del contexto y de las medias tomadas. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, que ha abierto el encuentro, ha llamado a “forjar” un gran acuerdo político para la reforma, emplazando al PP a mover ficha. La dirigente de la oposición, Maria José Catalá, le ha reprochado que su gobierno no haya puesto en marcha la reforma, mientras que Compromís ha señalado la ausencia de los populares en los pactos, en palabras de Aitana Mas. En Ciudadanos han criticado que se encuentran “constantemente con el muro del bipartidismo ante los retos que podrían mejorar la vida de la gente”, según su síndica, Ruth Merino, mientras que en Unides Podem, Ferrán Martínez ha criticado que el contexto preelectoral refuerza la sensación del poco avance. Martínez ha recordado que uno de cada tres euros públicos van a pagar la deuda y que “el modelo territorial de España esta aun inacabado. No hay canales para plantear estos problemas” y plantear soluciones democráticas.
Los representantes en Congreso y en Senado han adoptado una posición similar. Por el PSOE, el diputado Vicent Sarriá ha recordado que el agravio “lastra la capacidad de prestación de servicios públicos básicos” y ha defendido el papel de Ximo Puig para visibilizar el problema, así como que “este Gobierno no ha generado más deuda”. El expresidente popular Alberto Fabra, ahora senador, ha criticado que no se continuen las movilizaciones: “Ni el el Gobierno del Botànic ni el de Madrid están por la labor”, ha indicado, para pedir una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El diputado de Compromís Joan Baldoví ha recordado que las competencias recogidas en el Estatuto están mal financiadas y ha señalado al PP y al PSOE como responsables: “Tenemos un sistema caducado desde hace ocho años, cinco de gobierno del PP y tres del PSOE y Podemos. Por cierto, los del PP con mayoría absoluta”. María Muñoz, diputada de Ciudadanos, ha criticado los apoyos del Gobierno de coalición y ha reclamado “mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado”, manifestando el apoyo a un fondo de nivelación temporal para las comunidades infrafinanciados. Por último, Txema Guijarro, diputado de Unidas Podemos, ha querido poner en valor las políticas durante la pandemia, como el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros y ha recordado la propuesta que su partido, PSOE y Compromís suscribieron para instar a la reforma del modelo en el Congreso.
Morera, que ha ejercido de anfitrión, se ha mostrado conciliador. “Compartimos diagnóstico. Hay denominadores comunes muy sustantivos” como que “no hay un problema de malgastar los recursos públicos” sino “históricamente un problema de ingresos”. Para resolverlo, ha instado “necesitaremos mucha unidad”, como ha ocurrido con las inversiones públicas y el derecho civil. En definitiva, concluye el presidente de las Corts, “reclamamos un trato justo”.