Compromís quiere cambiar la ley para que el presidente asuma el mando único en las emergencias y el PSPV pide un fondo de compensación a las víctimas de la DANA

Los partidos de la oposición al Consell de Carlos Mazón quieren modificaciones en las leyes de emergencias que supongan una respuesta más efectiva tras la DANA. También, en plena campaña de la derecha con más rebajas fiscales, reclaman blindar impuestos a las grandes fortunas que doten de recursos necesarios a la autonomía con peores niveles de financiación.

Compromís y el PSPV han presentado varios centenares de enmiendas parciales a la ley de medidas fiscales para 2025, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, una suerte de ley ómnibus que permite modificar otras normas con carácter anual. Entre ellas, la coalición valencianista reclama una modificación para la declaración de la emergencia catastrófica. Actualmente la ley apunta que se declara la emergencia catastrófica “cuando la situación de peligro o daños ocurridos por su especial extensión o intensidad particularmente graves”. Compromís propone que, cuando se dé dicha situación, el president de la Generalitat “declarará la situación de emergencia catastrófica” y asumirá el mando único. “Queremos que no haya ninguna posibilidad de interpretación y que, de una manera clara, en una situación catastrófica el president la debe declarar y debe asumir el mando único”, ha explicado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.

El PSPV ha reclamado la creación de un fondo de compensación financiado con el impuesto de patrimonio, que el PP quiere rebajar, y que se destine a las víctimas de la DANA. El importe de recaudación de este impuesto es de unos 200 millones de euros anuales. Según ha explicado su portavoz, José Muñoz, “el fondo de compensación que proponemos es para todas las personas que residen en municipios afectados por la DANA y se trata de una ayuda directa a la ciudadanía” y ha detallado que “la financiación correría a cargo de los grandes patrimonios de la Comunitat Valenciana, es decir, de las personas con más recursos que en estos momentos tienen la obligación de ayudar”: “Estamos hablando de alrededor de 207,5 millones de euros, de los cuales 200 millones provienen de la recaudación del impuesto de patrimonio y 7,5 millones del regalo fiscal que Mazón les hizo el año pasado a las rentas altas y que se debe recuperar”.

En materia de transparencia e incompatibilidades, los socialistas reclaman que los cargos del Ejecutivo no puedan tener una segunda actividad, una vía abierta en el primer año de gobierno de Mazón. “Después de lo ocurrido el 29 de octubre necesitamos un Consell en exclusiva que esté ocupado y preocupado por los valencianos”, insiste el PSPV. Por su parte, los valencianistas piden que sean públicas las reuniones o comidas relacionadas con el trabajo del 'president' o los consellers, “pague quien pague la factura”, en clara referencia a la falta de información sobre el paradero de Mazón el 29 de octubre. Transparencia alegó que la factura la pagó el PP porque acudió en calidad de presidente del partido. Asimismo, los valencianistas reclaman cambios legislativos para que se publiquen automáticamente los expedientes completos de los contratos de emergencia, lo que los ha motivado y las causas por las que se adjudican, ya que “muchos están yendo al entorno más próximo del president de la Generalitat, de Carlos Mazón, o al entorno más próximo del Partido Popular”.

Por su parte, Vox, socio preferente del PP, insiste en la creación de una oficina 'antiokupación' “para defender a las víctimas de esta lacra”, un postulado que asumió la número dos de Mazón, Susana Camarero, en la presentación de los presupuestos de vivienda. “Vamos a trabajar por luchar contra la ocupación ilegal y la 'inquiocupación' (impagos de alquileres), que vulnera derechos y favorece que haya menos oferta vivienda”, afirmó, sin dar más detalles de las medidas que se pondrán en marcha.