La reforma del sistema de financiación es el asunto más encallado de la agenda política valenciana. Caducado desde hace una década, el reparto insuficiente de recursos es responsable de entre el 70% y el 80% de la deuda de la Comunitat Valenciana, la más afectada junto a Murcia. Año tras año lastra las cuentas, provoca un incremento del endeudamiento y complica la prestación de servicios públicos. Solo en intereses, la Generalitat Valenciana pagará 1.200 millones de euros en 2025, que es más de la mitad del presupuesto para vivienda, igualdad y servicios sociales.
La remodelación lleva sobre la mesa un lustro, sin que se hayan percibido avances en la creación de una nueva ley orgánica o compensaciones por la acumulación de agravios que reclaman los territorios infrafinanciados. Arreglar el asunto requiere tantos cálculos que a veces parece un imposible: determinar una base que defina el modelo -la población ajustada-, mecanismos de corrección -los fondos de solidaridad y de garantía-, reformas en la gestión de los tributos autonómicos, una compensación por los años de agravio -la condonación de la deuda- y una garantía de recursos mientras se tramita la reforma -el fondo de nivelación-. Se necesita, además, que en esos cálculos estén conformes el Gobierno central, las comunidades autónomas y, al menos, los grupos parlamentarios de PP y PSOE, con mayoría para aprobar la ley en el Congreso.
Mientras llegan los números, algunos actores comienzan a perder la paciencia. La coalición Compromís, que presta apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez en virtud de su alianza con Sumar, se plantea no apoyar los presupuestos si no incluyen una compensación a la infrafinanciación valenciana, como también rechazar el acuerdo para la singularidad financiera de Catalunya si no se inicia la reforma del sistema de financiación de manera conjunta. El portavoz de los valencianistas en las Corts, Joan Baldoví, ha advertido este martes que “cada voto cuenta” en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de la reforma de la ley orgánica, y ha recordado que Compromís cumplió su parte haciendo presidente a Pedro Sánchez, a quien insta ahora a cumplir con los recursos para la Comunitat Valenciana, como se firmó en el pacto de investidura. “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”, insistía Baldoví, asiduo a las metáforas de regadío.
La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, subrayaba una idea similar desde Madrid. Sin rechazar el acuerdo catalán, manifestaba: “Hay que pactar y negociar para que realmente haya una descentralización financiera, para que haya una transferencia de recursos desde el Gobierno central a todas las comunidades autónomas y así cumplir lo que establece la propia Constitución”. Los valencianistas creen que las negociaciones para el nuevo gobierno en Catalunya han abierto la puerta al reconocimiento de la financiación singular y a la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación, algo que ven como una “oportunidad única”. “Se ha abierto el melón”, comentan los dirigentes, que quieren aprovechar la ocasión para reformular el modelo de reparto de recursos y obtener una compensación para el territorio al que representan. Inmersos en un proceso interno, obtener buenos números en esta negociación es un respaldo para la actual dirección, con un órdago al que en el PSPV-PSOE no parecen temer, acostumbrados a que Compromís termine cediendo.
Los valencianistas también aprietan al PP con la financiación, instando al partido del Gobierno autonómico a que facilite la tramitación de una nueva ley en las Corts, que de aprobarse debería debatirse en el Congreso. Le exigen al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que presione al partido para apoyar la condonación de la deuda: “Es perverso y ridículo” que el presidente valenciano “no quiera que se condone una deuda a su pueblo que no ha generado”. “Eso no es ser el presidente de los valencianos, sino un barón del PP”, ha considerado el portavoz de los valencianistas.
Mientras, entre los populares no se toman en serio las propuestas del Gobierno central para el resto de territorios e insisten en que el Ejecutivo de Sánchez se salta a la torera los compromisos. La consellera de Hacienda y portavoz autonómica, Ruth Merino, ha calificado como “globo sonda” la promesa de condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas -prevista en el acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC, avalado por el PSOE- y ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de incumplir los plazos. “En ningún momento hemos recibido ninguna propuesta ni ninguna oferta de ningún tipo”, ha afeado Merino, que insta al Gobierno a convocar una conferencia de presidentes autonómicos para abordar la reforma del modelo de financiación. “Han metido la reforma en un cajón”, ha insistido la portavoz del Consell de Mazón.
Por su parte, en el Gobierno pasan la pelota al PP. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido este martes al líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, una propuesta única de todos los presidentes autonómicos de este partido sobre financiación autonómica. “Escuchamos a Feijoo que vuelve de vacaciones sin propuesta, como se marchó, y cada líder de una autonomía pide lo suyo, Juanma Moreno pide la quita, Azcón dice a sus compañeros que no se fíen del Gobierno, y, por otro lado, el presidente valenciano -en alusión a Carlos Mazón- pide más recursos y financiación”, ha subrayado la ministra. Feijóo ha convocado a sus barones este viernes a un encuentro para unificar las posturas ante la financiación singular a Catalunya.
En el PSOE también existen recelos y diferencias respecto a la financiación autonómica, como las que ha manifestado el expresidente aragonés Javier Lambán, cuya federación se opone a la propuesta singular, mientras que la federación valenciana respalda al presidente del Gobierno. El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha considerado que “se llame como se llame” la medida adoptada, “la realidad es la realidad” y es que desde que gobierna Pedro Sánchez “se han transferido 30.000 millones de euros más” a la Comunitat Valenciana y otras partidas extraordinarias. Ante el revuelo causado por el acuerdo, la ministra de Hacienda comparece este miércoles en el Senado para detallar las medidas sobre la futura reforma.