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Hacia la conciliación de vida y trabajo: el Parlamento valenciano plantea jornadas más cortas, adelantar horarios y repartir el trabajo doméstico

Una mujer trabaja desde su domicilio.

Laura Martínez

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“Los horarios que tenemos actualmente son totalmente contrarios al bienestar y a la salud de las personas, por las cuales tienen que velar los poderes públicos”. Con esta rotundidad arranca la propuesta de dictamen de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno Valenciano que cerrará un año y medio de trabajo en el estudio de los usos del tiempo. Uno de los objetivos de la comisión es evaluar la relación entre las rutinas, jornadas y los hábitos con la calidad de vida, un análisis que trasciende lo económico, y su impacto sobre la salud y las desigualdades de género o renta; si nuestro modo de vida nos permite tener una vida digna de ser vivida.

La comisión, ligeramente alterada por la pandemia, contó con las aportaciones de investigadores como Carmen Castro, economista especializada en modelos de bienestar y políticas de género, que plantea “repensar los trabajos, convertir en acción productiva reconocida y remunerada los cuidados”; Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y economista especialista en sistemas retributivos, que subrayó: "Hay que hablar de corresponsabilidad, pero no que trabajen dos personas 40 horas al día"; el sociólogo Jorge Moruno, que reivindicó que “la democracia está ligada con ampliar la capacidad de libertad de acción y elección sobre el uso del tiempo individual y colectivo” o el ambientólogo Andreu Escrivà, que señaló la relación entre reparto del tiempo y cambio climático: "La falta de tiempo está en la base de comportamientos insostenibles".

Oídos los expertos, la mayoría progresista de la Cámara -PSPV, Compromís y Unides Podem- se emplaza a adoptar una serie de medidas enfocadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado (el doméstico y el de cuidados) para ir cerrando la brecha de género. El orden en este caso resulta relevante más allá de lo simbólico: implica, en cierta medida, desplazar el trabajo remunerado como eje de la vida y situar en el centro la vida misma.

Los partidos han pactado una revisión de los horarios de trabajo, escolares, del comercio y de ocio, que van desde adelantar la jornada laboral para seguir los biorritmos y las horas de sol, hasta cerrar antes los comercios y locales de ocio para facilitar el descanso, mejorar el transporte público -gran consumidor de tiempo entre esperas y distancias-, adelantar el prime time televisivo y reforzar las redes públicas de cuidados. La propuesta aboga por “mejorar la atención de la salud mental, con una coordinación entre la escuela, los servicios sociales, la atención primaria y la salud mental”, como herramienta de mejora de la calidad de vida.

Uno de los ejes del dictamen es el de la corresponsabilidad en los cuidados y en el trabajo doméstico. “El tiempo de las mujeres es un tiempo expropiado”, denuncia el dictamen. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican de media el doble de horas que los hombres al trabajo no remunerado -compra, limpieza, cuidados-, un tiempo que los hombres pueden dedicar a su formación, intereses o descanso. Para la bancada izquierda, las medidas de corresponsabilidad deben incluir estudios sobre los permisos por nacimiento, adopción, acogida, enfermedad, diversidad funcional o dependencia, analizar los “recursos de respiro”; la red pública de atención a mayores, menores y dependientes, “para que las personas cuidadoras puedan disponer de tiempo propio”. Además, plantean “dar un mayor apoyo institucional a las familias para que los hijos e hijas puedan conciliar su vida, respetando así el tiempo de las personas mayores” e incluir a los menores en la toma de decisiones.

En materia laboral, abogan por la flexibilidad horaria de los empleados, la jornada laboral de 32 horas semanales y un plan que combine el trabajo presencial con el teletrabajo, además de reforzar la negociación colectiva y reforzar las plantillas de inspección de los servicios públicos de empleo -el Labora- para luchar contra la economía sumergida. El Parlamento valenciano también se autoimpone varios compromisos para facilitar el trabajo de diputados y medios de comunicación: fijar las comisiones por la mañana, adelantar el horario de comidas e “instar a las administraciones y partidos políticos a que la agenda pública institucional se planifique y priorice el horario por la mañana. Se tienen que evitar convocatorias o notas de prensa más allá de las 19 horas”, indica el texto. De aprobarse el dictamen el próximo 15 de junio, las Corts Valencianes instarán al Gobierno a impulsar una ley de usos del tiempo con carácter de Pacto de Estado.

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