El sector de atención a personas dependientes de la Comunitat Valenciana vuelve a estar en una situación crítica debido a la escalada de continuos impagos por parte del Gobierno valenciano, y vuelve a sufrir agravios comparativos en los pagos al no ejecutarse, de nuevo, de forma homogénea.
La deuda acumulada de la Generalitat con los centros y la prestación de servicios supera los 70 millones de euros. Afecta a todo el sector, tanto a grandes centros como a pequeños y residencias familiares. Algunos de los más perjudicados son: las plazas concertadas padecen una deuda acumulada de más de 21 millones con una media de entre seis y siete meses sin cobrar; las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública sufren una deuda de 14,9 millones, mientras que las correspondientes a personas mayores superan los 20 millones, ambos servicios entre cuatro y cinco meses de impagos. La atención residencial a más de 10.000 personas está nuevamente en peligro por las tensiones de liquidez generadas.
La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 7 millones de deuda. Según han denunciado, el Consell no abona la mayoría de estas prestaciones desde comienzos de año, al igual que en el caso del sistema Bono residencia, centro de día o respiro, que alcanzan más de dos millones.
Tampoco los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones se salvan de la dramática situación: más de 4 millones de impagos, acumulados durante seis meses, el 60% de la subvención.
Reunión de urgencia con Hacienda
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte) solicitó ayer una reunión de urgencia a Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, ante la escalada de impagos que de nuevo se está produciendo por parte de la Generalitat. Ésta es la cuarta vez que la patronal pide al conseller que no dé la espalda a un sector que atiende a personas de una vulnerabilidad e indefensión extremas.
María José Mira, directora general de AERTE, espera que en esta ocasión “nos pueda recibir, llevamos más de un año intentado reunirnos con el conseller Moragues. Más de 12.000 profesionales, más de 200 centros y servicios, y más de 22.000 personas en situación de dependencia necesitan alguna respuesta por parte del Gobierno valenciano. La Comunidad Valenciana es la única que mantiene estos niveles de deuda”.
Mira apunta además que “llevamos más de cuatro años padeciendo continuos impagos. Una situación que desequilibra a todo el sector, generando total y absoluta incertidumbre sobre el futuro del sistema de atención sociosanitaria. A medida que se extiende en el tiempo, crece la dificultad de los centros y profesionales para poder prestar los servicios. Ya hemos solicitado en varias ocasiones una solución al conseller de Hacienda, y no hemos obtenido respuesta, ni de los plazos de pago, ni de si se abonará la deuda, ni tampoco del plan de pagos equilibrado que desde AERTE llevamos reclamando desde hace más de un año”.