El Consell mantiene a cuatro funcionarios condenados por el 'caso Blasco' al no haber sentencia firme
El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha explicado este miércoles que la Generalitat Valenciana tiene en nómina a cuatro funcionarios que fueron condenados a penas de prisión e inhabilitación en el 'caso Blasco', porque estas sentencias fueron recurridas en casación por los empleados ante el Tribunal Supremo, por lo que la sentencia “no es ejecutable” y “mientras no haya un juez que diga que la sentencia que se tiene que ejecutar esa inhabilitación, no va a ser posible hacerla efectiva”, ha remarcado.
Moragues se ha pronunciado de esta manera en la sesión de control al Consell en las Corts con motivo de la pregunta formulada por la diputada socialista Clara Tirado, en relación a la situación en la que se encuentran, dentro de la administración de la Generalitat, los funcionarios condenados a penas de inhabilitación para la ocupación de cargo público después de la sentencia del 'caso Blasco'. El conseller ha remarcado que la situación judicial actual “obliga a mantener a los cuatro funcionarios en servicio activo a pesar de la condena”.
Tirado ha indicado que la funcionaria Tina Sanjuan, condenada a siete años de prisión y seis meses de inhabilitación, está “protegida” por la consellera de Educación, María José Català, al frente del Servicio General de Patrimonio, y “sigue cobrando el máximo nivel administrativo después de colaborar con Blasco en todas las Consellerias por las que ha pasado y saqueado”.
Además, Marc Llinares, “cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa y falsedad de documento oficial, actualmente trabaja en Hacienda”. Xavier LLopis, “con una pena de tres años de prisión y dos de inhabilitación por falsedad de documento oficial, trabaja en la Conselleria de Presidencia”, ha apuntado la diputada.
Tirado ha advertido de que desde el Consell “mantienen a tres condenados como funcionarios de acreditada habilidad para falsear documentos y saquear el dinero público”, y a quienes “nunca les han abierto expedientes disciplinarios, ni, con los hechos probados, decidieron averiguar si hubo otras actuaciones ilícitas de estos funcionarios, ni les suspendieron provisionalmente”.
El titular de Hacienda ha insistido en que los tribunales han dictado una sentencia y se ha recurrido, por lo que “no es ejecutable”. Asimismo, ha argumentado que no se les ha abierto expediente disciplinario porque “la vía penal tiene prioridad sobre la vía administrativa, que se tiene que apartar” cuando esto sucede.
Puestos y remuneración
En cuanto a los puestos que ocupan, los tienen por derecho por su condición de funcionarios de carrera y su remuneración, en función de la antigüedad y escala funcionarial, ha apuntado Moragues, quien ha recordado que a estas personas “se les cesó de sus puestos de libre designación”.
La diputada socialista ha lamentado que al PP “sólo le preocupa proteger a los suyos” y que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tenga “el tintero lleno de líneas rojas”. Asimismo, les ha reprochado a los 'populares' que “colaborar con la Justicia no es sentarse a ver desfilar en una furgoneta policial esposados a los suyos mientras esperan a ver quién es el siguiente”.
“Se imaginan a un secretario de Estado despachando con Bárcenas en un permiso carcelario. Sería un escándalo”, ha declarado Tirado para, a continuación denunciar que el secretario autonómico de Comunicación, José Luis Torró “se ha reunido con el indecente Blasco en un restaurante de Valencia”.
