El Consell de Mazón renunció a 130 millones de ingresos con su rebaja fiscal a los ricos mientras denuncia “asfixia” del Gobierno

Comienza a ser habitual que el presidente de la autonomía peor financiada de España vuelve a sacar pecho de la reducción de ingresos que se produce por su propia gestión. Y que lo haga, además, en el mismo momento en el que reclama una inyección extraordinaria de recursos al Gobierno central. De un lado, renuncia a la recaudación; de otro, denuncia de la falta de recursos. El jefe del Consell, Carlos Mazón, lo ha vuelto a hacer este jueves, en la presentación de los datos de la Agencia Tributaria Valenciana del pasado 2024, su primer año completo en el Gobierno y el primero en el que se hacen visibles los efectos de su rebaja fiscal, un regalo a los grandes patrimonios.
El PP valenciano aprobó bonificar al máximo el impuesto de sucesiones, un tributo que apenas paga una décima parte de las personas que heredan en la Comunitat Valenciana, y que excluye del cómputo la vivienda habitual. Con los datos presentados este jueves, el Consell confirma que ha dejado de ingresar 99,1 millones de euros en el Impuesto de Sucesiones, 4,8 millones en donaciones y 23,6 millones en transmisiones patrimoniales, que se nutre fundamentalmente de la compraventa de inmuebles y que Mazón también rebajó el pasado año. Los dos primeros impuestos han caído cerca de un 40% y un 20%, respectivamente, sobre el importe recaudado el año anterior. Los derechos reconocidos en Sucesiones son de 206 millones de euros frente a los 323 millones del año anterior, según el visor presupuestario, aunque Hacienda cifra en los citados 99 el impacto de las bonificaciones. El líder de los populares valencianos promociona esta medida como un “ahorro” para los valencianos. El presidente valenciano ha apuntado que las donaciones han aumentado un 48% en el último ejercicio, “movilizando activos y ahorrando casi cinco millones de euros a los ciudadanos”, además de que 12.223 jóvenes se han beneficiado de las nuevas tarifas en la compra de su primera vivienda “con un ahorro medio de 1.414 euros por contribuyente”.
El tirón de la actividad económica ha provocado un aumento de la recaudación general del 7,8%, según los datos de la Agencia Tributaria Valenciana. El impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales están casi en máximos, solo superados por el pico del boom inmobiliario, según la hacienda valenciana: se han recaudado casi 2.000 millones de euros con estos dos tributos, esencialmente ligados a la vivienda.
El presidente valenciano liga el máximo de recaudación a las rebajas fiscales, siguiendo el argumentario neoliberal: la presión fiscal “es política social para las familias con amplio impacto sobre las rentas medias y bajas”, ha enunciado Mazón. En el mismo acto, el presidente que ha reducido diez tributos ha apuntado que mantiene abierto un proceso de renegociación con “todas las entidades financieras” y al “más alto nivel” debido a “la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)” y para “poder obtener más y mejores recursos”, ante la “técnica de asfixiarnos” que ha denunciado que está aplicando el Gobierno central con la Comunitat Valenciana.
El líder de los populares ha recordado que la Comunitat Valenciana es la comunidad más endeudada en términos relativos de España y la peor financiada, por lo que mira “los intereses y las condiciones financieras al milímetro”. “La Comunitat Valenciana está en una situación especialmente difícil y complicada desde el punto de vista de la liquidez, desde el punto de vista de sus recursos económicos y desde el punto de vista de la financiación”, ha lamentado. Y ha concluido con un reproche: que el Ejecutivo central “haya decidido no actualizar los ingresos a cuenta va a suponer para nosotros 200 millones de euros de pérdida al mes”. “Que el Gobierno haya decidido no aprobar el fondo de liquidez extraordinario supone una falta de capacidad de tesorería de 3.000 millones de euros”, denuncia.
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