La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha destacado que ya son 785.523 ciudadanos de la Comunitat Valenciana los que han dejado de abonar copagos farmacéuticos, desde el 1 de enero, fecha en en la que entró en vigor la concesión de subvenciones para compensar gastos relacionados con la protección de la salud por parte de la conselleria de Sanitat.
Montón ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Sanitat de Les Corts donde ha comparecido a petición propia para hacer balance de los dos meses de vigencia del Decreto del Consell por el que se conceden ayudas a pesionistas y personas con diversidad funcional.
La titular de Sanitat también ha resaltado que, desde el uno de enero hasta el 29 de febrero de febrero son ya un total de 691.569 pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros y 93.955 personas con diversidad funcional, los que se han beneficiado de esta medida en la Comunitat Valenciana. Por provincias, han sido un total de 264.642 personas en la provincia de Alicante, 97.809 personas en la provincia de Castellón y 421.577 personas en la provincia de Valencia las que se han beneficiado de prestaciones farmacéuticas o recetas prescritas y 1.495 el total de personasl de la Comunitat que han recibido ayudas para ortoprótesis.
En cuanto al importe total financiado, ha ascendido a 7.568.369 euros en prestaciones farmacéuticas y recetas prescritas y 20.874 en ayudas a ortoprótesis. Por provincias, en estos dos meses el importe financiado en prestaciones farmacéuticas ha sido un total de 2.542.671 euros en la provincia de Alicante; un total de 909.198 euros en recetas prescritas y prestaciones farmacéuticas en la provincia de Castellón; y un total de 4.116.499 euros en prestaciones farmacéuticas o recetas prescritas en la provincia de Valencia.
En palabras de Carmen Montón, “desde la Conselleria estamos poniendo en marcha medidas para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario, para retornar derechos y para democratizar el sistema y esta medida devuelve derechos arrebatados a la ciudadanía y se suma a otras puestas en marcha para recuperar derechos. Ese es el sentido de nuestro trabajo y de las políticas que llevamos a cabo”, ha resaltado la consellera Carmen Montón.
“Vanguardia” en la recuperación de derechos
“En estos momentos, la Comunitat Valenciana es vanguardia en la recuperación de derechos”, ha afirmado la consellera Montón, que ha recordado que la primera medida fue recuperar la universalidad de la asistencia.
Según la máxima responsable de la sanitat valenciana, “con la excusa de la crisis económica y la decisión de reducir el déficit a marchas forzadas, el gobierno de Rajoy y el del anterior Gobierno de la Generalitat arrebataron derechos a diferentes colectivos ciudadanos y ésto se hizo más virulento con el Real Decreto Ley 16/2012, que impuso los copagos o repagos en la sanidad pública, haciendo que por primera vez en la historia de la democracia los pensinistas pagasen por los medicamentos que les recetaba un médico”.
Según ha señalado Carmen Montón, “una norma injusta a la que el antiguo Consell quiso sumar la Ley 10/2012 de la Generalitat, que suprimía el párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto de las personas con discapacidad”, es decir, aquel que reconocía la financiación gratuita a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y a los mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
Con el nuevo Consell, - ha continuado Montón- , “la salud vuelve a ser un derecho de todos, sin discriminaciones económicas en el acceso a los tratamientos farmacológicos y ortoprotésicos. Con este Decreto, desaparece la discriminación económica en el acceso a los tratamientos farmacológicos y ortoprotésicos en pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros y a personas con diversidad funcional”.
Carmen Montón ha recordado que, “según estudios tanto la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) como la Sociedad Española de Medicina General (SEMERGEN), la medida del copago es perjudicial para la salud”, y que “incluso la OCDE y el Consejo de Europa hicieron advertencias al Gobierno de Rajoy de que las medidas de austeridad aplicó a la sanidad pública constituyen un gran riesgo para grupos de población que renuncian a los cuidados que necesitan y eran una seria amenzaza para la salud”.
41 millones en los presupuestos de la Generalitat
Montón ha reiterado que “mientras el Gobierno de Rajoy hizo oídos sordos a estas recomendaciones, una de las prioridades de este Consell es garantizar el derecho a la salud a todas las personas, eliminando las discriminaciones que generó el antiguo Gobierno” Y por eso, ha continuado Montón, en los presupuestos de la Generalitat “hemos destinado 41 millones de euros de los que se beneficiarán un millón de personas en situación de mayor vulnerabilidad, para que nadie tenga que abandonar su tratamiento farmacológico u ortoprotésico por no poder pagarlo”.
“Y lo hemos querido hacer de la manera más sencilla posible para el usuario sin que tenga que hacer ningún trámite, sólo acudir a la farmacia con su tarjeta SIP”, ha insistido Montón.