Este jueves se conocía la imputación del presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, junto a otros dos directivos de la institución y un funcionario por presuntas irregularidades en la gestión de la institución portuaria tras la denuncia de Fiscalía por supuestos delitos de malversación y prevaricación. La portavoz del Consell, María José Català, explicaba que “en los próximos días” se tomará una decisión acerca del futuro de Aznar y del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll.
Català se ha referido a la postura de la Generalitat Valenciana respecto a los cargos que dependen directamente de la administración autonómica y que están imputados en causas de corrupción, la conocida 'línea roja' de Fabra, aunque ha aclarado que la decisión final sobre el futuro de Aznar y Ripoll -imputado en Brugal- depende tanto del Consell como del ministerio de Fomento, “la próxima semana conocerán la decisión, que será la misma en ambos casos. Es decir, o se mantienen ambos o son relevados los dos en sus cargos”.
La decisión está pendiente de una reunión entre el Consell y el ministerio para definir una decisión definitiva al respecto, aunque “es un tema en el que venimos trabajando ambas administraciones desde hace tiempo”, ha explicado la consellera portavoz en referencia a la situación de José Joaquín Ripoll.
Imputación Rafael Aznar
El juez ha citado para el día 1 de diciembre a los directores y al trabajador del Puerto en calidad de imputados, y ha dejado para el día 3 a Rafael Aznar, quien ha sido citado en la misma condición que los otros empleados.
En la denuncia se expuso, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos altos cargos del Puerto recibieron por sus trabajos en Valencia Plataforma Inermodal Logística S.A. -empresa participada entonces al 98% por la APV y responsable de la comercialización de la ZAL- 77.000 euros, cuando según la ley no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos. Al parecer, los directivos ya habrían devuelto estas cantidades cobradas.
El informe de la Intervención, unido a la causa la pasada semana, contempla sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort -entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para proyectar la Comunidad Logístico-Portuaria, y cuyo presidente del patronato es Rafael Aznar-.
Desde el inicio de la investigación, Rafael Aznar se desvinculó públicamente de cualquier tipo de irregularidad, y en varias ocasiones defendió que son gestores “sensatos, correctos y, por supuesto, claramente honrados”.