La consellera de Justicia del Gobierno valenciano reclama una ley integral para abolir la prostitución

La consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana aplaude el primer paso en el Congreso para aprobar una ley abolicionista de la prostitución, pero reclama un proyecto “integral” que vaya más allá de las medidas sancionadoras. Tras algunas disputas con sus socios de Gobierno en la Comunitat Valenciana a raíz de la propuesta de normativa para sancionar a clientes, proxenetas y cualquier beneficiario de la prostitución, Gabriela Bravo, exportavoz del Poder Judicial y actual titular de Justicia, aboga por modificaciones de la ley de Extranjería y la implementación de rentas y ayudas sociales para mujeres prostituidas.

La dirigente, propuesta por el PSPV para el cargo en 2015, abandera una agenda autonómica abolicionista en la que difieren sus socios en el Ejecutivo. El pasado año constituyó un Foro por la Abolición de la Prostitución para combatir la explotación sexual en el marco de las competencias autonómicas, que se ha trasladado en una modificación de la Ley de Espectáculos para “sancionar el consumo de prostitución en establecimientos públicos” y un modelo de ordenanza municipal que sancione a clientes y prostituidores. El modelo de ordenanza se debatirá en cerca de 400 ayuntamientos, ha indicado la titular de Justicia, que insiste en que las mujeres prostituidas “necesitan que les ayudemos a construir un proyecto de vida digno, y para eso es importante que las propuestas punitivas vayan acompañadas de cambios que modifiquen la ley de extranjería y medidas económicas, para darles la oportunidad de salir de ahí”.

Bravo, que reclama una ley integral con perspectiva transversal, participa en el mes de junio en varios espacios abolicionistas con miembros del PSPV y entidades afines. La titular de Justicia interviene este miércoles en un encuentro en el Centre del Carmen con la catedrática de Derecho Constitucional Yolanda Gómez y la portavoz del Front Abolicionista valenciano, Concha Hurtado. El próximo lunes, hará lo propio en un foro de la concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València sobre propuestas feministas para la ordenanza abolicionista con la escritora Rosa Cobo, la activista y superviviente de trata Amelia Tiganus y la jueza especialista en violencia de género Lara Esteve.

La definición de prostitución, que en el PSPV-PSOE equiparan a explotación sexual y a una forma de violencia machista, genera discrepancias con Compromís y Unides Podem, que han reclamado escuchar a las mujeres que ejercen la prostitución, medidas de carácter social para víctimas de trata, y que creen que esta propuesta abolicionista es más bien prohibicionista. Ambos partidos tienen corrientes internas que difieren de la postura pública de sus dirigentes sobre si todo sexo pagado es prostitución, si esta es una forma de violencia sexual o debe diferenciarse de la trata y la explotación y cuáles son las medidas menos lesivas para las mujeres sobre las que legislar. Algunos sectores creen que la postura de abolir toda forma de prostitución es moralista, mientras otros piden mayor contundencia sancionadora. Las discrepancias se trasladaron en forma de enmiendas a la ley de Espectáculos de la Conselleria de Igualdad, que dirige Mónica Oltra, donde se apuntaron las dudas sobre si las medidas sancionadoras resultan las más eficientes para proteger a las mujeres prostituidas y se remarca la necesidad de contar con una red de apoyo económico y social para luchar contra la exclusión.