La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha pedido por carta una reunión con el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para plantear nuevamente al Gobierno “una lista que no es de los reyes magos, es de los reyes godos de lo larga que es”, con las reivindicaciones de infraestructuras pendientes en la Comunitat como el túnel pasante, el acceso norte al puerto de Valencia o el tren de la costa, entre otras.
Así lo ha señalado Salvador durante su comparecencia en las Corts para explicar los presupuestos de la Generalitat para 2017 en su área, en la que ha recordado que dijo que seguirían reivindicando “lo que es justo para esta autonomía” fuera cual fuera el signo del nuevo Gobierno. “Ni un paso atrás, ni para tomar aire”, ha dicho. Además, al ser preguntada sobre el hecho de que no haya ningún ministro valenciano en el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha señalado que cuando los había tampoco le iba “demasiado bien” a la Comunitat: “No lo echo de menos”, ha dicho.
Además, Conselleria ha reservado en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2017 un total de 5,9 millones para la futura Ley de Función Social de la Vivienda en el que será su primer año de aplicación, y consigna también 57 millones para el mantenimiento y mejora de la seguridad vial en la red de carreteras valencianas.
Salvador ha explicado que se trata de unos presupuestos “responsables” en los que se intenta poner en primer plano a las personas y especialmente el derecho a la vivienda, con unas cuentas que crecer un 8,45% respecto a 206, hasta 354,8 millones de euros, con subidas en todos los programas menos en Infraestructuras Públicas, debido a la reducción de gastos financieros, una bajada “positiva”, ha recalcado.
En el programa de Dirección y Servicios Generales ha destacado la bajada de los gastos corrientes y la subida de los gastos financieros “para cubrir reclamaciones y sentencias contra la Generalitat, generalmente por certificaciones o ayudas no pagadas en la legislatura anterior”. Ha puesto como ejemplo las ayudas a la vivienda, que “comenzaron a no pagarse antes de finales de 2014 y en diversos casos han provocado sentencias contrarias a la Generalitat, que ahora debe pagar los intereses correspondientes”.
Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos
En materia de Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos, “prácticamente invisible la pasada legislatura”, la consellera ha señalado que en dos años se han destinado 170 millones de euros, mientras la suma en los cuatro años de la anterior legislatura era de 199.
En términos generales, el programa de Vivienda sube un 15%, hasta 90 millones de euros, y se mantiene la línea para actuaciones de emergencia social y pobreza energética, aunque baja de 5,9 a 2 millones porque, ha explicado, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se hace cargo de las ayudas para paliar la pobreza energética y vivienda asume el pago de alquileres correspondiente a la convocatoria de 2016.
Se consignan varias líneas para el desarrollo de la Ley de Función Social de la Vivienda, tanto para los servicios de mediación con entidades como para alquileres de emergencia y otras medidas para prevenir desahucios, por un total de 5,9 millones.
Además, se consignan 7,2 millones para la rehabilitación del parque público de viviendas, un 3,6% más, y sube la cantidad destinada al Plan Estatal de Fomento del Alquiler 2005-08 y 2009-12 por “compromisos pendientes de pago” de anteriores legislaturas. Como novedad, se crea una línea de 3 millones para la renovación y mejora del interior de las viviendas de particulares, dentro del Plan Renhata.
Respecto al EIGE, su presupuesto cae más del 50%, una “buena noticia” por la reducción de pasivos financieros en 39 millones para el pago de préstamos que había formalizado el anterior Consell.
Por otra parte, la consellera ha detallado el trabajo realizado en Ordenación del Territorio y Urbanismo, con el trabajo para la modificación de la LOTUP o la presentación del Plan de Acción Territorial metropolitano de Valencia, y ha avanzado que los presupuestos disponen 4,1 millones para “prevenir el pago de mayores precios, vía sentencia, por las expropiaciones que se hicieron hace años en la ZAL de Valencia, otro regalo al que hacer frente”, ha ironizado.
Infraestructuras y transporte
Salvador ha explicado que se consignan 57,2 millones para el mantenimiento de la red de carreteras “para garantizar que esté en condiciones óptimas se servicio” y ha lamentado que “el 33% del presupuesto de infraestructuras está hipotecado para pagar obras ya inauguradas o paralizadas por el antiguo gobierno”, como los pagos aplazados de la Autovía de la Plana o la Avenida de Dénia en Alicante, que se acabaron en 2010 y se seguirán pagando “hasta 2020”. Ante esta “cruda realidad” la Conselleria comenzará “un conjunto de pequeñas obras de mejora de la seguridad viaria” y de protección acústica en varias carreteras.
En transportes, entre otras partidas aparecen dos líneas nuevas, para financiar la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia -incluida en la ley de acompañamiento- y la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que se regula en el anteproyecto de ley de seguridad ferroviaria que tramita la Conselleria actualmente. Aumentan los fondos destinados a FGV, especialmente en inversiones, con 22,6 millones de los que más de 16 irán al TRAM de Alicante, especialmente a la línea 9, y 6 millones para Metrovalencia. Otra línea, ha dicho, contempla la inversión para retomar las obras del túnel de la Serra Grossa.
“Papel mojado”
El diputado del PP Alfredo Castelló ha cuestionado la gestión de la consellera en materia de vivienda ante el “poco éxito” de la lucha contra los desahucios y ha puesto como ejemplo que desde que asumió el cargo han sido desahuciadas “42.000 personas”. Además, ha cuestionado la futura Ley de Función Social de la Vivienda, que “no ha gustado a nadie” y ha puesto en entredicho la ejecución del presupuesto de 2016. “Es lamentabilísimo”, ha dicho, para agregar que el nuevo presupuesto es “papel mojado”.
Salvador ha afeado al PP que “se atreva” a hablar de política de vivienda cuando “hicieron VPO en primera línea de playa, todas vacías” o dejaron “340 millones de deuda de ayudas” y “1.400 expedientes tirados en el cajón” por valor de 60 millones. “No tiene legitimidad moral”, le ha espetado.
“Cuesta más el ajo que el pollo”
Desde Ciudadanos María José García ha admitido que hay “recursos ilimitados e insuficientes”, pero ha criticado la “mala distribución por programas” porque a inversiones reales se destina un tercio y “cuesta más el ajo que el pollo”, ha dicho. César Jiménez (Podemos) ha apuntado que habría que comenzar a “planear infraestructuras nuevas” pese a los recursos limitados existentes.
Por su parte, la diputada de Compromís Belén Bachero ha asegurado que estas cuentas “devuelven la dignidad y la decencia arrebatada por 20 años del PP con corrupción y obras faraónicas” y la socialista Sandra Martín ha destacado el “giro social sin olvidar las inversiones para agregar que ”no se puede solucionar en dos años el despilfarro de dos décadas“.