En qué consiste y cómo funciona la ley de plurilingüismo valenciana

El pasado domingo, PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox participaron en varias manifestaciones y concentraciones convocadas por el colectivo 'Hablemos Español' en diversos puntos del territorio valenciano, la más numerosa de ellas la celebrada en Orihuela, capital de la Vega Baja, para protestar contra la ley de plurilingüismo impulsada por el primer Consell del Botànic desde el departamento de Educación que dirige el conseller Vicent Marzà. Pero, ¿en qué consiste esta norma que ha provocado que unan sus fuerzas las derechas valencianas?

El actual modelo plurilingüe aprobado por las Corts en 2018 -está implantada de forma normalizada en los colegios valencianos desde hace tres cursos, incluida la Vega Baja, donde “funciona sin ningún problema”, y se comenzará a implementar en los centros de Secundaria a partir del próximo curso- se caracteriza, tal y como apuntan desde el Gobierno valenciano, por su “flexibilidad y capacidad de adaptación” a cada centro educativo; “potencia la participación y decisión por parte de las comunidades educativas”; “asegura el derecho al conocimiento” del castellano, el valenciano y el inglés por parte de “todo el alumnado”.

Flexibilidad y capacidad de adaptación

La normativa está diseñada para “adaptarse” al entorno de cada centro educativo. “Lo hace precisamente porque somos conscientes de la diversidad, también lingüística, de nuestro territorio. Y que la realidad de un alumno de Rojales no tiene nada que ver con la de uno de Dénia, ni la de este con uno de Morella”, señalan desde la Conselleria.

La normativa contempla unos mínimos de las lenguas oficiales del 25% y entre un 15 y un 25% de inglés. “El resto del tiempo, cada centro educativo lo configura en las lenguas que considera adecuadas en su propio entorno”, explican. Estos mínimos del 25% siguen los pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Constitucional en diferentes sentencias sobre los modelos lingüísticos en las comunidades autónomas bilingües.

Así, recuerdan que el exconseller popular de Educación Alejandro Font de Mora pretendía implantar una normativa de bloques estáticos del 33% para cada una de las lenguas -valenciano, castellano e inglés- en todas las comarcas y “sin tener en cuenta la diversidad lingüística valenciana”. “Nadie de quienes están ahora en contra de la ley de plurilingüismo se manifestó pese a que suponía implantar de golpe un 33% de asignaturas en cada lengua en todas las etapas educativas, también en la Vega Baja”, sostienen, por lo que defienden que la adaptabilidad de la ley a cada entorno concreto “hace que no tenga sentido lo que exigen algunas voces: derogar la ley o una moratoria en Secundaria”.

Potenciar la participación

Hasta la implantación de la ley de plurilingüismo era la Administración la que determinaba cuál era el proyecto lingüístico de cada centro educativo. Dentro de los porcentajes mínimos establecidos para todos los centros son los consejos escolares los que, por mayoría de dos tercios, determinan cuál es el porcentaje de cada lengua que más se adapta a su realidad. En los colegios, “en casi el cien por cien de los casos”, los consejos escolares (familias y profesorado) acordaron adaptar el modelo a su contexto.

Con esta normativa “ejemplar en Europa”, se apela “a la participación, el consenso y el acuerdo de las comunidades educativas de cada centro”.

Derecho de todo el alumnado

El objetivo de la norma es “paliar” los efectos de un modelo anterior “fracasado”. “Lo demuestran los datos: todo el alumnado domina el castellano y hay que asegurar que siga siendo así; buena parte de los alumnos no tienen la oportunidad de dominar el valenciano; y centenares de miles de escolares no adquirían hasta ahora el dominio en inglés necesario en sus etapas educativas”.

Por lo que respecta a temas “puramente pedagógicos, que son en los que se debería basar el debate”, lo que pretende la Generalitat Valenciana es que “no dependa de que una familia pueda pagarse una academia donde sus hijos aprendan inglés o valenciano. Aspiramos a que todo el alumnado tenga la oportunidad de aprender lenguas de manera gratuita”.

Recuerdan desde Conselleria que en educación, las familias no tienen la potestad de “restringir” derechos a sus hijos: “Nadie puede prohibir, por ejemplo, que el alumnado no tenga conocimientos de matemáticas, y lo mismo sucede con la oportunidad de conocer lenguas”.

Desde diciembre, Educación viene organizando reuniones con equipos directivos, asociaciones de madres y padres, e incluso alcaldías de zonas como la Vega Baja para explicar el modelo y “trabajar conjuntamente, entre todos, la adaptación del plurilingüismo a esta comarca, evitando que los niños de la Vega Baja se conviertan en ciudadanos de segunda por no tener una formación como cualquier otro alumno valenciano”. “Se trata de conocer, dialogar, escuchar y trabajar conjuntamente con las comunidades educativas metodologías de éxito frente a quienes promueven el miedo, la crispación y la mentira en familias a cuyos hijos se les quieren quitar derechos”, manifiestan desde el departamento de Vicent Marzà, quienes inciden en que la ley actual también corrige la segregación por líneas de la antigua normativa“.

Avales al modelo

El actual modelo plurilingüe, tal y como resaltan desde el Consell, “fue puesto en valor en Europa al presentarse en Bruselas hace dos años a petición de la Comisión Europea como ejemplo de plurilingüismo educativo”. Además, la ley fue elaborada después de consultar a expertos de las universidades de València, Alicante y Jaume I de Castelló.

“Ahora, los mismo partidos que no hicieron nada cuando podían -la norma fue aprobada por las Corts en febrero de 2018 y ni el Gobierno, en manos del PP de Rajoy, ni los diputados y senadores populares o de Ciudadanos que podían haberla recurrido lo hicieron-, dicen que van a luchar judicialmente contra la ley, lo que demuestra su instrumentalización de forma partidista”, denuncian, e insisten: “El Ministerio de Educación reconoció que era una norma impecable”.

Formación del profesorado

Otro de los aspectos a destacar de la ley es que está configurada para ser “realista” y teniendo en cuenta al profesorado. Por lo que se refiere a la capacitación de valenciano, tras más de tres décadas de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, “más del 90% posee capacitación para impartir su asignatura en valenciano. De igual modo, a través de los Centros de Formación del Profesorado (19 en toda la Comunitat Valenciana) se ofrecen cursos de formación continuada en materia de lenguas: ”Específicamente en Orihuela hay cursos para reforzar el valenciano para los docentes y se van a ofertar todavía más“.

Por lo que respecta al inglés, “tenemos constancia que al menos un 30% tiene el B2 cuando en 2015 este porcentaje no suponía ni el 3%”. Además, las plazas para cada centro educativo se cubren con personal capacitado en esta materia; se ofertan cursos sobre didáctica en inglés en los centros de formación; se facilita que los docentes puedan matricularse de forma gratuita en las Escuelas Oficiales de Idiomas en inglés; se organizan estancias gratuitas en Irlanda y Gran Bretaña para profesores y cursos intensivos de inmersión lingüística en inglés; se cuenta con auxiliares de conversación nativos en los centros para dar apoyo al profesorado en las clases de inglés y en aquellas materias que se dan en esta lengua...

Asignaturas troncales en la ESO

Desde la Conselleria aseguran que es “completamente falso” que asignaturas troncales como Matemáticas o Física y Química se impartan obligatoriamente en valenciano. En zonas donde no existe un dominio del valenciano en los centros educativos “no se les ocurre impartir en esta lengua asignaturas troncales”. “El objetivo es generar contacto con la lengua por medio de otras áreas de conocimiento, lo que en pedagogía se denomina transversalidad de aprendizaje”, sostienen.

Lo que se hace en esos casos es que el inglés y el valenciano sean lenguas vehiculares en asignaturas como Educación Física, Música o Plástica.