El Plan Simplifica de la Generalitat Valenciana es de todo menos simple. Un decreto de 187 páginas, más de 120 artículos y la modificación de un centenar de leyes, decretos y órdenes administrativas. Una de las medidas estrellas del Consell de Carlos Mazón, que lo defiende como una herramienta de reducción burocrática, ahorro para la Administración y beneficios para los ciudadanos al suprimir decenas de trámites.
El texto se promocionó como una forma de agilizar la protección de bienes culturales; simplificar procedimientos de ayuda a víctimas de violencia machista; fomentar la igualdad en empresas sin penalizaciones; eliminar la obligatoriedad de cláusulas de responsabilidad social en contratación pública; agilizar procesos de personal sanitario y otros supuestos beneficios sociales. Permite iniciar una actividad con una declaración responsable, acorta plazos para centros sociosanitarios concertados o de salud. Pero el decreto es, también, un coladero de reformas que relaja aún más los requisitos ambientales para grandes proyectos, con especial foco en las plantas solares fotovoltaicas, la construcción y el urbanismo.
Las Corts Valencianes han convalidado el decreto con la mayoría de PP y Vox, pero la ruptura del Gobierno bipartito y la petición de la oposición llevan a que se tramite como proyecto de ley, una fórmula que permitirá, si se dan las mayorías necesarias –es decir, si Vox se alía con la izquierda–, corregir algunas cuestiones.
El decreto crea una nueva figura, la de proyectos de “interés autonómico”, que unifica dos existentes en materia de proyectos estratégicos. Si una empresa promete una inversión de 50 millones de euros y 200 empleos podrá optar a esta figura; si es en una zona despoblada, no tendrá mínimo. Si antes tenía que presentarlo la Administración, ahora partirá de la iniciativa privada y tendrán carácter de tramitación urgente.
Ventanilla única
La figura trae ventajas como la ventanilla única –un solo interlocutor, una sola vía de control– , y, según el caso, eximir al proyecto de las licencias municipales de obra y de actividad y de las autorizaciones cuya regulación sea competencia de la Generalitat. Son, según el decreto, “medidas urgentes para dinamizar la economía regional, facilitando la puesta en marcha de actividades económicas con impacto positivo en empleo y riqueza”. El Consell ya eliminó la obligación de que estas propuestas estratégicas salieran a consulta pública. En teoría, los Proyectos de Interés Autonómico no podrán plantear actuaciones referidas a usos residenciales, pero la ley prevé que “excepcionalmente el Consell podrá aprobar la implantación de usos residenciales como complementarios del uso principal y en todo caso sin que se pueda sobrepasar el porcentaje del 5% de la edificabilidad total autorizada”.
El decreto también elimina la obligatoriedad de los planes que fijan el crecimiento de los municipios, algo que venía dado en la llamada estrategia territorial. Modifica los planes territoriales (el PATIVEL) y acorta la distancia a la que se puede construir en el litoral, pasando de 500 a 100 metros para los hoteles. Respecto a las modificaciones relativas a la tramitación de instrumentos de planeamiento, con la nueva redacción, la consulta previa solo será necesaria en el caso de la redacción completa de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, de los Planes de Acción Territorial y del Plan General estructural.
Otra de las modificaciones refiere a la huella de los lobbies. Si durante la elaboración de un anteproyecto no se han producido actividades de influencia relacionadas con el anteproyecto o proyecto, no sea necesario emitir informe de huella de los grupos de interés negativo para su tramitación, como se exigía hasta ahora, sino una mera constatación en el expediente de esta circunstancia por parte del órgano de tramitación.
Los partidos de la izquierda, PSPV y Compromís, exigen la retirada del decreto porque consideran que abre la puerta al urbanismo sin control. Ambas formaciones han criticado la figura del decreto 'ómnibus' y reclaman más controles administrativos. El debate sobre la norma se reanudará pasado el verano.