La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado este viernes al Consell de haber aprobado en el pleno de este viernes un decreto ley “en contra de lo que ha dicho” el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano “para evitar que los padres puedan elegir la lengua” en que educar a sus hijos.
La dirigente popular se ha pronunciado así en su intervención en la Interparlamentaria que el PP celebra este viernes en Alboraia, donde ha hecho referencia al decreto ley sobre plurilingüismo aprobado hoy por el pleno del Consell para aplicar en Infantil de 3 años y en las aulas experimentales de 2 años.
Además, la portavoz de Educación del grupo popular en las Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha acusado al conseller del ramo, Vicent Marzà, de “reírse” del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con un decreto-ley de plurilingüismo que ha calificado de “vergonzosa triquiñuela sin precedentes” para “burlarse” de la resolución del alto tribunal que suspendía cautelarmente el anterior.
“Marzà se ríe del TSJCV con una treta política para eludir las decisiones de los tribunales”, ha asegurado la diputada del PP, para quien el conseller “solo quiere engañar”. “La prueba evidente de que con este texto no se vuelve al decreto de 2012, y que por tanto desobedece el auto judicial, es que siguen posibilitando que en infantil no se dé ni una sola hora de inglés, cuando el decreto de 2012 recogía un tiempo mínimo de una hora. Es decir, sigue aplicando el decreto del chantaje lingüístico suspendido”, ha sostenido.
Gascó ha indicado que con este decreto “consigue burlar al TSJCV porque ahora solo puede ser el Gobierno central o la suma de 50 diputados o senadores quienes recurran”. A su juicio, el TSJCV “incomoda al Gobierno valenciano y han buscado la fórmula para que la justicia no entorpezca sus planes de adoctrinamiento”.
“Pero no sólo se ríen de la justicia, también se burlan de toda la comunidad educativa con un texto que nadie conoce. Se ríe de los padres y docentes que han presentado recursos a la norma del chantaje lingüístico además de negar a las familias la posibilidad de poder seguir defendiendo legítimamente sus intereses y derechos”, ha insistido.
“Cabezonería” de Vicent Marzà
Para la portavoz popular del PP, “este decreto es una cabezonería y tomadura de pelo de Marzà, que ha esperado cuatro meses para seguir con su desobediencia a las decisiones judiciales” y le ha acusado de generar “un caos en todos los centros educativos. Hoy nadie conoce el texto del decreto”. “No sabemos qué intenta ocultar, posponiendo la norma hasta el último momento con esta actuación tan opaca”, ha manifestado.
En esta línea, ha incidido en que todo el procedimiento de admisión “está viciado desde el inicio porque las familias han elegido centro educativo en base a un chantaje. Ahora no se soluciona esa coacción porque no se da la posibilidad a las familias de elegir. Seguimos donde estábamos y son muchas las incógnitas que siguen encima de la mesa: qué va a pasar con los proyectos experimentales, con los libros de texto, los centros que avanzaron la aplicación del decreto”.
“Modelo sectario”
“Pase lo que pase, Marzà continúa aplicando la hoja de ruta de Compromís, que tiene como objetivo conseguir imponer un modelo de educación único, sectario, que adoctrine a nuestros jóvenes en la imposición del nacionalismo, la misma hoja de ruta del independentismo catalán”, ha considera, y ha lamentado que el 'Plan B' de Marzà “sigue la misma lógica y tácticas que el Plan B de desconexión de Cataluña, con urgencia por decreto ley y a quien no le guste que busque otra comunidad autónoma”.
Beatriz Gascó ha advertido de que desde el PP seguirán “velando por los derechos de las familias. Aquí no se trata de poner en cuestión si se está a favor o en contra de una lengua u otra. Todos apostamos por un modelo plurilingüe. Lo que se pone en cuestión es un tema de derechos y de libertades para coaccionar a las familias, para imponer un modelo. Es una vergüenza que los dirigentes de Compromís traten de saltarse a la torera las resoluciones judiciales”.