El presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, declarará este martes en la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones sobre el caso Bárcenas de posible financiación irregular del PP. Cotino enviará un escrito al jues Pablo Ruz en el que solicitará prestar declaración como testigo en la Audiencia Nacional y no en su despacho del parlamento valenciano después de que el magistrado acordara tomarle declaración porque el presidente de las Corts no había contestado al requerimiento que le hizo el pasado 4 de diciembre para fijar el lugar del interrogatorio.
Ruz ha adoptado esta decisión en una providencia dictada hoy al no haber obtenido respuesta de Cotino, exdirector general de la Policía, a ese requerimiento en el que le preguntaba si deseaba ser interrogado en su despacho oficial o en otro habilitado al efecto en la sede de Les Corts o en la Audiencia Nacional en relación con el caso Bárcenas.
Ese mismo día a las 10h, el juez tomará declaración como imputado a Vicente Cotino, sobrino del presidente de Les Corts y administrador único de Asedes Capital y de Sedesa, también en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP.
El día anterior, tomará declaración a las 12h en la Audiencia Nacional a Ramón Aigé (presidente de Sorigue-Acsa) y el 15 de enero a las 13,30H será el turno de otro empresario imputado en relación a la investigación de la supuesta contabilidad B del PP, Antonio Pinal Gil (consejero delegado de Bruesa).
Con esta providencia, Ruz ha fijado la toma de declaración de Juan Cotino y ha modificado ligeramente las citaciones de estos tres empresarios que fueron imputados el pasado 4 de diciembre en un auto en el que Ruz imputó a otros diez empresarios al admitir parcialmente la ampliación de la querella que IU interpuso en febrero a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas y que se sumaban a los siete ya imputados.
No es la primera vez que los dirigentes del PP ignoran la reclamación de la Justicia. Francisco Camps tenía que declarar como testigo en el caso Nóos para dar cuenta de los contratos de la Comunidad Valenciana con la organización que dirigía el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, pero el juez Castro no pudo encontrarle en su domicilio, a pesar del aviso de citación judicial. El juzgado, después de todo un fin de semana de pesquisas frustradas, vía telefónica y a través de la policía, tuvo que suspender y aplazar la declaración del expresidente regional.
El juez Ruz también ha encargado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que analice la documentación que será recabada a través del Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda sobre las empresas Generale des Eaux, Dregemont Iberia, Cyopsa-Sisocia, Grupo Romero Polo, Asedes Capital, Licuas, Bruesa y Sorigue Acsa para que lo una al informe que ésta elaborando sobre la diferentes mercantiles investigadas en la causa.