El considerado como uno de los cabecillas de la trama Gürtel y exdirigente del PP gallego, Pablo Crespo, ha considerado que los que acabarán en el juzgado serán los empresarios como él y algunos políticos “se irán de rositas, que es lo que suele suceder casi siempre”.
Crespo ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de entrar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que este miércoles celebra la segunda sesión del juicio por los contratos de la Generalitat con la red Gürtel para la promoción turística en la feria Fitur.
Ha reiterado hoy su acusación sobre dos de los hombres fuertes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, a quienes culpa de haber “orquestado todo, desde su inicio, con el objetivo de perjudicar al PP”.
Gürtel “acababa en el despacho de Camacho”
Según ha dicho, “todo lo de Gürtel acababa en el despacho de Camacho, que entonces era jefe de seguridad”, y allí acudió José Luis Peñas, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y denunciante de Francisco Correa “con las famosas cintas y algunas cosas más”.
“Otra cosa es que el PP ahora se ponga de perfil porque este tipo de cosas no le conviene. Es un partido y así responde”, ha comentado Pablo Crespo, y ha añadido que “seremos los empresarios” los que finalmente acabarán en el juzgado y algunos políticos “se irán de rositas, que es lo que suele suceder casi siempre”.
“Vamos a demostrar que no solo cobramos lo que teníamos que cobrar, sino que en algunos casos cobramos menos de lo que teníamos que cobrar”, ha subrayado Crespo, que ha asegurado que “jamás” ha tenido relación con el expresident de la Generalitat Francisco Camps “ni con nadie del Consell” ya que dirigía el conglomerado de empresas desde Madrid y en Valencia “estaba Álvaro Pérez”, que imagina que “tendría relación con Camps y con mucha gente, lo cual no implica que esas relaciones fueran impropias, los contratos se han hecho”.
“Cuestión distinta es cómo haya elaborado los informes la Udef y bajo instrucciones de quién y de qué, de lo que tendrán que responder cada uno de los que hayan elaborado un informe falso cuando nosotros aquí, en sede judicial, demostremos que lo son”, ha aseverado el empresario, quien insistía en que los informes policiales son “estrambóticos y falsos”. Además, ha señalado que se ocultó información que ahora “ha aparecido en el Juzgado Central de Instrucción número 5” relacionada con Fitur y que no está en el TSJCV.
“Venimos a hablar de temas jurídicos”
La alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, procesada en la pieza del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur dentro del caso Gürtel, ha eludido hablar de cuestiones políticas y ha remitido a su abogado para todas las cuestiones jurídicas.
Al acceder al Tribunal Superior de Justicia, Martínez, exconsellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda a pesar de estar procesada y de haber sido expulsada del PP, ha insistido en que “políticamente no voy a hacer ningún tipo de declaración”, para añadir, “venimos a hablar de temas jurídicos y los mejor preparados son mis abogados”.
José María López Coll, abogado de Milagrosa Martínez, ha destacado que en la primera sesión hubo “diez horas de debate jurídico. La sala se está comportando muy bien”, al tiempo que añadía que “fondo político” hay en todas las cosas, pero aquí, en la vista oral de la pieza de Fitur del caso Gürtel, “se están tratando temas jurídicos”.
Pruebas que “no están en el proceso”
Sobre la petición de suspensión del juicio, el letrado ha indicado que “hay pruebas que no están en este proceso y eso no es de recibo. Pedimos que se suspenda el juicio hasta que tener acceso a todas las pruebas”, mientras puntualizaba que la pretensión no es anular el juicio, porque supondría una “agonía para los procesados”, pero ha recalcado que en Madrid hay varios miles de documentos que “pertenecen a esta causa y no están aquí. Pedimos que los traigan para examinarlos y para eso se necesita tiempo”.
Such no sabe “qué hizo”
La defensa de la exconsellera Angélica Such ha pedido hoy que se “levante la acusación” contra su cliente, al no saberse “qué hizo” ni en “qué consintió”, así como también ha calificado de “arbitraria e injusta” la acusación contra la exconsellera durante el Gobierno de Francisco Camps.
Ha destacado que entre 2007 y 2008, durante los que Such ejerció como responsable de Turismo, firmó “distintas y variadas” resoluciones, y ha indicado que ni en el escrito del fiscal, ni en el de la acusación ni en el auto de apertura de juicio se dice “qué hizo, qué firmó o qué consintió para estar procesada en esta causa”.
“Nadie sabe por qué está aquí Such”, ha planteado su abogado, quien ha considerado que esta situación sería “suficiente” para que, por causas de justicia, no continuara el juicio respecto a su representante y se levantara la acusación contra ella.
En este proceso, una de las seis piezas abiertas por financiación ilegal del PP valenciano, se juzgan delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias que supuestamente se produjeron en el proceso de contratación de la Generalitat con Orange Market
Acusados exaltos cargos del Consell de Camps
Se sientan en el banquillo dos exconselleras durante el gobierno de Camps -Milagrosa Martínez y Angélica Such-, así como Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo, condenado por la causa de los trajes, y varios cargos intermedios: Jorge Guarro y Juan Bover, jefes del servicio de Promoción; Isaac Vidal, jefe del área de Mercados, y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT.
También los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, junto a las empleadas de Orange Market Isabel Jordán y Mónica Magariños.