La cúpula del PP forzó la contratación del muñidor del saqueo de Emarsa. Así lo ha confesado en el juicio el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo (PP), uno de los acusados por el expolio de 24 millones de euros de la depuradora de Valencia.
Crespo, que era presidente de Emarsa, asegura que propuso al consejo de administración la contratación de Esteban Cuesta, un enfermero, a instancias de dos pesos pesados del PP de la época.
Según su declaración, José Ramón García Antón, conseller de Obras Públicas, y Fernando Coquillat, delegado de la Generalitat en Valencia, ambos fallecidos. Crespo transigió con la propuesta al entender que estaba avalada por el Ayuntamiento de Valencia y el gobierno autonómico.
También lo aceptó el consejo de administración, compuesto por alcaldes y concejales del área metropolitana de Valencia, zona a la que daba servicio la empresa pública y entonces con mayoría del PP.
El nombramiento se produjo a pesar de la manifiesta falta de preparación de Cuesta para el cargo. Crespo lo ha definido de “camillero”, y ha dejado claro que su único mérito era su pertenencia al PP. En ese momento -2004- era alcalde de Benimámet, una pedanía de Valencia, por nombramiento de Rita Barberá.
“Me dijeron que era una persona dinámica y un buen gestor. Yo no lo conocía”, ha explicado Crespo, que ha reconocido que Cuesta llega, sin experiencia de gestión o en el sector, a una empresa en un estado “calamitoso”: no podía pagar salarios ni proveedores, ni siquiera presentaba sus cuentas, como es preceptivo, en el registro mercantil.
Comilonas; enchufados, cuentas en Andorra
El exalcalde de Manises, hombre fuerte en el PP con Alfonso Rus, epicentro del caso Taula, ha negado que se lucrara con el pufo de Emarsa. Más allá de su remuneración como presidente del consejo de administración -500 euros por cada consejo de administración, casi uno al mes-, asegura que no recibió un duro.
A preguntas del fiscal, ha intentado explicar porque era cotitular de una cuenta en Andorra, ingresos de 42.000 euros en bancos de procedencia desconocida o transferencias en pocos meses de 170.000 euros para liquidar préstamos cuyo origen no está claro.
Crespo si ha aceptado que intercedió por dos trabajadores que fueron contratados en Emarsa -“enchufados”, aclarararon ellas en el juicio- y que pagó varias comidas de lo más variopinto con cargo a la depuradora. Por ejemplo, a una comisión fallera de su municipio, Manises. “Fue una esponsorización asumible dentro del presupuesto general de Emarsa”, una compañia con déficits permanentes que fue liquidada poco después de que estallara el escándalo.
La fiscalía pide 14 años de prisión para Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP. Está acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil. Solicita 12 años para Cuesta.
Ambos, en colaboración o con la supuesta connivencia de otros 22 acusados, manipularon al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.