El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, “inauguraba” por error este miércoles una promoción de viviendas públicas para jóvenes. El dirigente de Unides Podem borraba un mensaje en su cuenta institucional en el que comunicaba su visita al final de las obras de edificación de un proyecto de 42 viviendas para alquiler joven en Aspe (Alicante).
“Actualmente los jóvenes tendrían que destinar más de un 80% de sus ingresos para poder pagarse una vivienda. Por este motivo inauguramos el fin de obra de la promoción pública de 42 viviendas de alquiler”, citaba el mensaje, que ha sido repetido en el perfil de la Vicepresidencia segunda del Consell. Los consellers y altos cargos del Gobierno del Botánico se comprometieron al inicio de la pasada legislatura a no celebrar inauguraciones oficiales ni actos similares.
El Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana solo permite “estar presente en la puesta en marcha de servicios ya activos con la finalidad de informar a la ciudadanía”. Concretamente, el Código señala: “Las personas sujetas al presente Código no promoverán en ningún caso la instalación de placas conmemorativas o semejantes que hagan referencia a las personas que, ejerciendo cargos públicos, hayan participado en la decisión de la construcción o de la puesta en marcha del servicio o semejante”. Además, establece que “las personas sujetas al Código se abstendrán de participar en actos de inauguración de obras no finalizadas, de inauguración de servicios que no estén en funcionamiento o de colocación de primeras piedras o semejantes. Solo podrán estar presentes en la puesta en funcionamiento de servicios financiados con fondos públicos ya activos con la única finalidad de comprobar el funcionamiento del servicio y de informar en las mejores condiciones a la ciudadanía sobre el servicio correspondiente”. Rápidamente, el conseller ha borrado el mensaje y ha sustituido “inauguramos” por “anunciamos”.
Las obras, informa la Generalitat, están “prácticamente finalizadas” a falta de la tramitación definitiva. En total, ha supuesto una inversión de 2,9 millones de euros.