Primero fue Esquerra Unida quien anunció su intención de denunciar ante Fiscalía la compra de Valmor por parte de la Generalitat -una medida que definió el vicepresidente del Consell, José Císcar, como “lo malo” en comparación con “lo peor”, que hubiera sido pagar una indemnización de 71 millones de dólares (51 millones de euros) por la no celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia-. Ahora los socialistas valencianos también denuncian la operación, y en concreto, a quienes tomaron esa decisión.
Ha sido la diputada del PSPV Eva Martínez quien ha presentado ante Fiscalía una denuncia contra los miembros del gobierno valenciano que aprobaron en diciembre de 2011 la compra de Valmor, en la que incluyen como prueba el contrato de prórroga de celebración de las pruebas de Fórmula 1 en Valencia. Dicho documento demuestra que “no era necesario comprar” esta sociedad, “que arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros”, para continuar organizando el Gran Premio.
Los socialistas han hecho público el contrato sobre la prórroga del contrato de la Fórmula 1, “hasta ahora oculto por el Consell”, que es el que firmó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps el 19 de julio de 2011, “un día antes de dimitir”.
A su juicio, resulta “muy sospechoso” que Camps “tuviera la preocupación un día antes de su dimisión de firmar este documento, del que se conocía la existencia pero no el clausurado, y que acredita que no era necesario comprar Valmor” para que la Generalitat organizara la Fórmula 1.
Según la diputada socialista, gracias al conocimiento de este documento se ha podido saber que la Generalitat, “que ya era copromotora de la prueba a resultas de un contrato de 2009, se pone en su condición jurídica como garante y avalista respecto de todas las obligaciones de la F1, que ya podían ser pagar el canon o pagar la penalización si no se celebraba el evento”.
Por ello, considera que no era necesario que el Consell recurriera a la compra de Valmor para ejercitar sus derechos sobre la organización de la prueba automovilística.
Además, también considera “sospechoso” la firma del de este expediente por parte de Camps antes de dejar sus funciones al frente del ejecutivo valenciano, “cuando expresamente que los efectos del contrato se retrotraen a seis meses antes”.
Malversación de caudales
Por lo que se refiere a la denuncia, la parlamentaria autonómica ha argumentado que la compra de Valmor “puede suponer que todos dirigentes que formaban parte del Consell en diciembre de 2011 pudieron haber cometido un delito de malversación de caudales públicos por utilizar el dinero de los valencianos para aprobar la compra una sociedad en quiebra, cuando era conocido por todos los miembros del Gobierno que arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros”.
En este sentido, ha destacado que la actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, en aquel momento era portavoz del Consell y presidenta de la empresa pública Circuit del Motor, que efectivamente compró Valmor. Por tanto, “su responsabilidad es doble”.
Martínez ha asegurado que “evidentemente toda la Fórmula 1 ha perjudicado a los intereses de la Comunitat Valenciana” porque “son cerca de 300 millones de euros los que nos hemos gastado en este gran evento” que Fabra “lo ha mantenido hasta comprar Valmor, cuando ya sabía que no se iban a poder celebrar por cuestiones económicas más ediciones de la Fórmula 1”.
José Císcar
Por su parte, el vicepresidente, José Císcar, ha resaltado que no tienen “ninguna preocupación al respecto”, y ha puntualizado que el consejo de administración de Circuit del Motor y el Consell “actuaron como tenían que actuar”, ya que “la decisión está totalmente avalada”.
En cuanto a la situación generada, Císcar asegura que se debe “al conjunto de las relaciones contractuales que había establecidas entre la Generalitat, la organización de la prueba y Valmor en su momento” y ha subrayado que la prórroga del contrato “no es la responsable de establecer esa indemnización”.