El Gobierno y el PP pactan una reforma puntual de la Constitución que deja fuera la recuperación del Derecho Civil valenciano. El Ejecutivo y el principal partido de la oposición han acordado este miércoles abrir el proceso de reforma, pero lo ciñen exclusivamente al artículo 49 de la Carta Magna, para incluir las reivindicaciones de los colectivos de personas con discapacidad. Así, la reforma queda limitada a la eliminación de término “disminuido” y al blindaje de las políticas de discapacidad.
El compromiso es buscar una nueva redacción del artículo que cuente con el respaldo de las organizaciones del sector de la discapacidad, se ajuste a las recomendaciones que en su día hizo el Consejo de Estado y que sume el voto de la mayoría de las formaciones parlamentarias. “Debería ser una reforma que cuente con unanimidad”, ha señalado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa.
La reforma, que lleva un año en tramitación, no incorpora las demandas de las Corts Valencianes y de la sociedad civil para recuperar la capacidad de legislar en materia civil en la Comunitat Valenciana. “Se consuma la discriminación a los valencianos”, ha denunciado José Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians, impulsores del proceso de recuperación del Derecho Civil valenciano. Su asociación denuncia, con el respaldo de los partidos políticos valencianos, que el autogobierno lleva años recortado, y reclama un acuerdo en el Congreso para recuperar esta capacidad, tumbada por una cascada de recursos del Tribunal Constitucional.
El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, reclama que se reformule la redacción para incorporar la demanda que suscribieron todos los partidos políticos y finalizar un “agravio histórico” a la Comunitat Valenciana. El texto, ha expresado Morera, “tiene que reconsiderarse y se tiene que tener en cuenta el acuerdo de las Corts, como órgano de representación del pueblo valenciano y también un órgano reconocido por la Constitución como poder legislativo”.
El presidente de la Cámara autonómica celebra que se reforme el artículo para “dignificar la definición de las personas con diferentes capacidades”, pero recuerda que el propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han trasladado no tener “ningún inconveniente” en aprovechar esta reforma para incluir el derecho civil. “Si hay una voluntad legítima de las Corts y la otra parte implicada está de acuerdo, no se entiende que hoy se negocie dejar fuera la validez del derecho privado de las personas con vecindad civil valenciana”, apunta Morera.