El juzgado de lo social n.9 de València ha desestimado la demanda del último gerente de Imelsa nombrado por el PP, Rafael Soler, que reclamaba al actual gobierno de la diputación de valencia la “nulidad de despido” de su anterior cargo por hallarse en excedencia y por no haberse cumplido los trámites legales.
Así la justicia ha validado el desistimiento del contrato que tenía Soler con la antigua empresa pública provincial Imelsa (hoy Divalterra), y que fue nombrado por Alfonso Rus. El juzgado ha manifestado que “no es posible declarar 'nulidad de despido' (como alegaba Soler) porque es un 'desintimiento' legal.
El magistrado ha dictado que Rafael Soler no puede acogerse al derecho del Estatuto de los Trabajadores de no ser despedido durante el tiempo de excedencia (se encuentra en excedencia forzosa por la incompatibilidad como cargo electo del PP, diputado provincial), si no se especifica explícitamente en el contrato que el mismo esté sujeto al Estatuto.
Por otro lado la justicia sí deja la puerta abierta a que Rafael Soler pueda abrir un proceso para reclamar una indemnización por no cumplirse el plazo legal de preaviso de tres meses para prescindir de sus servicios.
Rafael Soler accedió a la gerencia de Imelsa sustituyendo a Marcos Benavent (el 'yonki del dinero') en enero de 2015, con un contrato indefinido por el que debía cobrar 77.526,18 euros al año. El 24 de julio de 2015, en la primera reunión del Consejo de Administración de Imelsa fue aprobado el desistimiento de su contrato, con él mimo presente como miembro del consejo, pero se abstuvo en la votación por estar afectado directamente. La comunicación por escrito legal se le fue entregada tres meses más tarde por burofax, el 24 de octubre, para comunicarle que al día siguiente cesaba en sus funciones.