Diana Morant (Gandia, 1980) quiere preparar al PSPV para volver a gobernar la Generalitat Valenciana. Pese a su apretada agenda como ministra de Ciencias, Innovación y Universidades, también dirige la oposición al PP de Carlos Mazón sin estar presente en las Corts Valencianes, una doble responsabilidad que a veces la sitúa en una posición complicada. La líder del PSPV cree que el presidente valenciano actúa de manera “hipócrita” al reclamar al Gobierno central más recursos mientras recorta impuestos a las rentas altas, y defiende que la reforma del sistema de financiación debe garantizar una prestación justa de servicios públicos.
Feminista y valencianista, Morant saltó de la alcaldía de Gandía al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en 2021, añadiendo en 2023 la cartera de Universidades. Atiende a elDiario.es justo después del acto institucional del 9 d'Octubre, antes de asistir a la cumbre Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación en València. La entrevista se amplió posteriormente tras conocerse los detalles del informe de la UCO sobre el exministro José Luis Ábalos.
¿Cuál es su opinión sobre el informe de la UCO que acusa a José Luis Ábalos de estar en el centro de una trama corrupta?
Creo que las informaciones conocidas en las últimas horas constatan que el Partido Socialista actuó con absoluta contundencia y diligencia ante los primeros indicios de una conducta que no era ejemplar, tal y cómo creemos en el partido socialista que se debe practicar la política.
¿En este caso fallaron los controles internos en el partido y en el Gobierno?
La reacción del Gobierno y del Partido Socialista ante los primeros indicios fue inmediata, incluso cuando había gente que nos decía que nos precipitábamos y que no existían los indicios suficientes. Sin embargo, no dudamos en apartar al señor Ábalos de sus responsabilidades en el Congreso de los Diputados y solicitarle que entregara el acta de diputado. Como partido abrimos un expediente de expulsión y le suspendimos de militancia.
Ábalos es militante del PSPV. ¿En qué situación queda tras estas revelaciones?
El señor Ábalos está suspendido de militancia y tiene abierto un expediente de expulsión del partido. En el PSOE, y especialmente en el PSPV, tenemos en nuestro ADN la tolerancia cero con la corrupción. El presidente Sánchez entró a gobernar nuestro país a través de una moción de censura contra la corrupción y el president Puig lo hizo con el mandato de regenerar una institución que el Partido Popular había corrompido.
¿Qué le ha parecido el discurso del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón?
Me gustaría que Mazón se pareciera más a su discurso. Creo que del discurso a la realidad hay un gran trecho. El president se vende como una persona de diálogo que no busca la confrontación pero lo que hace es todo lo contrario. El PP vuelve a las viejas guerras para enfrentar a la gente a través de falsos debates, como en el caso del agua: es el gran problema de todas las sociedades, pero no es una guerra de territorios, que es donde acude siempre el PP. O el debate de la financiación, que también usa para confrontar, vendiendo un discurso donde ellos son una suerte de Robin Hood que defiende a los pobres y a los valencianos frente al malvado Estado, y justo quien aplica la insolidaridad en la Comunitat Valenciana es el propio Mazón, que hace que con los impuestos de los que menos tienen paguemos el capricho de las rebajas fiscales a las rentas altas.
En la nueva legislación que se tramita, el PP ha mostrado las cartas en materia de costas, lengua... Como líder del PSPV, ¿qué cree que debe cambiar?
La Comunitat Valenciana está viviendo una involución, hay una nostalgia por un pasado muy oscuro, incluso por el franquismo, como muestra la mal llamada ley de concordia; ha comprado y convertido en ley el blanqueamiento de la dictadura de Franco, una línea roja que no se había cruzado nunca. Estamos viviendo una involución en muchas materias, se han roto consensos que es peligroso romper: la lucha contra la violencia de género, desde el propio reconocimiento de que existe una violencia estructural contra las mujeres; pero claro, es un gobierno que arranca con un acuerdo con un condenado por violencia de género. Tenemos el peor gobierno que hemos tenido. Debemos armar la alternativa, una alternativa de progreso que represente a la mayoría social. El hecho de que el gobierno de Mazón no haya durado ni un año significa que no representa a la mayoría social. La Comunitat Valenciana tiene una mayoría solidaria, según las encuestas, que indican que la población no está de acuerdo con la política migratoria del PP tan deshumanizada. La Comunitat Valenciana es plural, integradora y diversa; debemos construir esa alternativa con garantías.
Se están impulsando leyes urbanísticas que rompen con los ocho años del Botànic en materia de protección de la huerta o la costa... ¿Les preocupa?
Mucho. Y me preocupa el mensaje hipócrita. Mazón se ha ensalzado como defensor de l'Albufera, pero l'Albufera no existiría con las políticas de Mazón. Fue protegida contra el modelo depredador del PP. Yo fui alcaldesa de Gandía, una ciudad con una playa virgen, protegida por el Pativel, que ahora se desprotege. En un momento, en un decreto, en un día, destruyen lo que ha tardado tanto en construirse, utilizando el mensaje de la simplificación administrativa [nombre que lleva el decreto que altera las leyes del litoral y urbanísticas]. La simplificación administrativa es un trampantojo para esconder que lo que quieren es cargarse la administración para que no sea un obstáculo al modelo neoliberal.
La simplificación administrativa es un trampantojo para esconder que lo que quieren es cargarse la administración para que no sea un obstáculo al modelo neoliberal
Las encuestas que salen estos días publicadas apuntan que ustedes crecen, también el PP. ¿Qué hará?
Bueno, no hay dos encuestas. Una es la encargada por un medio de comunicación, Prensa Ibérica, y parece que como al PP no le gusta la realidad fabrica una en forma de encuesta. A mí me interesa ver qué piensa la ciudadanía. Agradezco el reconocimiento de una parte amplia de la sociedad a las fuerzas progresistas y al PSOE. Estamos construyendo una alternativa a los problemas que preocupan, como la sanidad, que el PP ya ha empezado a desmantelar y es competencia autonómica, o también el acceso a la vivienda de las familias y los jóvenes: hay una ley estatal que el PP no quiere aplicar, una ley que controla y limita los precios de alquiler... La ciudadanía está reclamando a Mazón lo que no está atendiendo. Vemos en la encuesta un reconocimiento a las políticas del Gobierno central: subida del salario mínimo, becas... Ese es el camino. Haremos una oposición constructiva.
¿Construir es apoyar los presupuestos?
No, es evitar que destruya. Se están destruyendo muchos derechos que ha costado mucho conseguir. Los derechos de las mujeres, los derechos LGTBI, el derecho a una educación pública y una sanidad pública. El Gobierno de Mazón ha recortado más de mil profesores, ayudas a la dependencia, ayudas al alquiler... Han aplicado deducciones fiscales en la renta, como 120 euros por la compra de gafas, pero han quitado 4.000 euros de ayudas de vivienda... ¿Cuántas gafas caben en esa partida?
El PP valenciano habla de chantaje cuando ustedes o el Gobierno plantean esa cuestión de la corresponsabilidad fiscal.
Ellos hablan de autogobierno fiscal, dicen que con la recaudación que compete a la Comunitat Valenciana pueden hacer lo que quieran, como bajar los impuestos a las rentas altas, que se traduce en recortes, y eso no es solidario. Y sin embargo pide solidaridad al resto de territorios. Los impuestos los pagan los ciudadanos de todas partes y lo que quieren es que quién más tenga aporte más y un reparto justo en la prestación de servicios públicos. La Comunitat Valenciana ha implantado la educación gratuita de 0 a 3 años con dinero del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana ha recortado las ayudas a la vivienda y el Gobierno de España pone tres veces más en estas ayudas que el de Mazón. Lo que no puede ser es que cada vez que llega dinero de España lo que él haga es rebajar impuestos y hacer recortes, esas no son las reglas del juego justo. Nosotros pedimos un modelo que mire hacia la corresponsabilidad fiscal para asegurar que sean los ciudadanos quienes reciben los servicios públicos.
Lo que no puede ser es que cada vez que llega dinero del Gobierno de España lo que Mazón haga es rebajar impuestos y hacer recortes
¿Debe ser un requisito la corresponsabilidad fiscal al abordar la reforma del sistema de financiación?
El debate de la financiación debería haberse abierto hace muchos años. En la Comunitat Valenciana reclamamos un modelo más justo y ahí estamos todos de acuerdo. Pero tenemos diferencias sustanciales. El debate se ha abierto por el acuerdo de ERC con el PSC para gobernar en Catalunya, y en ese acuerdo se habla de muchas cosas: autonomía fiscal, pero también de no hacer dumping fiscal, ni rebajas de impuestos injustas, y de fortalecer servicios públicos. Ese acuerdo habla de lo que el Gobierno de España va a querer consolidar. La financiación debe incluir lo que recaudamos todos y tenemos que hablar de cómo se reparte para garantizar los servicios públicos a todos los ciudadanos. Por tanto, sí, habla de corresponsabilidad fiscal.
Ha habido algunos problemas en el planteamiento de la propuesta en la plataforma con patronal y sindicatos, que consideran que ha habido un cambio de postura en el PSPV. La reforma del sistema es algo en lo que hay consenso, pero hay partes que podrían darse de inmediato. ¿Plantearán una quita de la deuda? ¿Un fondo de nivelación o compensación?
El PSPV no ha cambiado su posicionamiento, lo que ha cambiado es el escenario. La reforma del sistema de financiación es una bandera indiscutible del president Ximo Puig, él fue uno de los primeros en decir que estaba en contra del dumping fiscal que se aplicaba en Madrid y ha sido un gobernante con un sistema fiscal justo. Nosotros no hemos cambiado de posición, pero no podemos seguir de la mano de quien aplica un dumping fiscal en la Comunitat Valenciana. Es más difícil que vaya de la mano del president Mazón, porque no estoy de acuerdo con la política fiscal que aplica y que de manera hipócrita pide más recursos al Gobierno de España, que que vaya de la mano del presidente Sánchez, que es quien ofrece la quita de la deuda o el techo de gasto, que el PP ha rechazado. En los hechos, el Gobierno de España que ha financiado como nunca a la Comunitat Valenciana, y es quien está garantizando los servicios públicos a los valencianos. Nosotros aumentamos los mínimos en ese acuerdo, y es que no se practique la hipocresía ni el dumping fiscal.
El acuerdo con ERC marca la quita de parte de la deuda autonómica, y el PP, o Feijóo, no quiere hablar de quita; Mazón dice que sí que quiere una quita, pero en el Senado no la apoyan...
Y en el techo de gasto los presidentes autonómicos defendieron una postura y el PP votó otra en el Congreso, donde lo tumbaron. Quien va en contra de los intereses autonómicos es el PP y Feijóo. Y después, ellos llaman fondo de nivelación a un café para todos, que el Gobierno ya está realizando, ya está financiando a todas las comunidades autónomas. La Comunitat Valenciana ha recibido 30.000 millones de euros más. Mazón es el president que más dinero ha recibido del Gobierno de España en transferencias en toda la historia de la Comunitat Valenciana, y es el primero en aplicar recortes.
¿Cree que la plataforma, pese a las desavenencias, tiene futuro?
La plataforma existe para ser un espacio de debate y encuentro. Nosotros no nos hemos levantado de la plataforma. Ojalá poder convencer a los demás es que para defender un modelo de financiación justo lo primero que debemos hacer es practicarlo. Mazón no está practicando un modelo de solidaridad y, por tanto, no tiene la legitimidad para reclamárselo a los demás.
Tras el último encuentro, todos coincidieron en apuntar que el PSPV había roto el consenso.
No hemos roto el consenso. Pero el consenso hasta este momento se queda corto por las circunstancias que vive la Comunitat Valenciana. Ximo Puig abanderó la lucha por la financiación justa y el PSPV sigue en esa bandera, pero también contra el dumping fiscal, y hoy en día se practica dumping fiscal en la Comunitat Valenciana. Exigimos que eso también esté en los acuerdos mínimos de la plataforma.
Están preparando un Congreso Federal, en el que la federación valenciana encabeza los delegados. ¿Qué temas quieren llevar?
Vamos a defender el modelo de sociedad federal que aumente y reconozca el autogobierno y las diferentes identidades territoriales de España. Siempre hemos defendido eso y ahora nos topamos con un PSOE más abierto a eso. El PSPV tiene un elevado nivel de influencia en la construcción de un PSOE que reconozca mejor la España plural y diversa.
¿Cómo lo van a plasmar? ¿Van a eliminar la estructura provincial y apostar por la organización comarcal en el partido?
Vamos a defender que se pueda elegir. Que cada territorio decida si está más cómodo con la organización política provincial o comarcal. Más allá de las cuestiones orgánicas, vamos a defender el modelo social, y el PSPV es un instrumento de mejora de los derechos, de la economía y de la sociedad.
¿Intentarán buscar algún tipo de acuerdo, como hizo Ximo Puig, sobre el sistema de financiación?
Tenemos mucha sintonía con el PSC, con los socialistas baleares, con el PSOE andaluz... El sistema de financiación actual no es justo y hay comunidades que están peor tratadas, vamos a defender lo que hemos defendido siempre, pero creo que el PSOE está más abierto ahora a estas propuestas.
Siempre ha sido un debate complejo en el partido, con intereses territoriales diversos. El dirigente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a veces da la sensación de estar más alineado con los barones autonómicos del PP que con los del PSOE. ¿Cómo de reticentes están a abordar esta cuestión?
Yo creo que el Partido Socialista, el de Castilla-La Mancha, el valenciano o el andaluz sabe que nuestra España es la España de los hospitales, de los colegios y universidades públicas, frente a los modelos de privatización salvaje. Al final, somos un instrumento de la ciudadanía, y los congresos son un espacio de diálogo para construir un proyecto político que la gente vea como instrumento de mejora de la sociedad.
Usted ya hizo un congreso donde la eligieron secretaria general, ahora convoca otro...
Debía convocarlo porque el de este año ha sido extraordinario. Además, algo que se echó en falta fue el debate político, que no hubo documento político porque no se podía someter a votación. El congreso es siempre una oportunidad para renovar el debate político y el proyecto social; queremos que opinen los jóvenes, la gente mayor, los empresarios o autónomos.
Parece que en el congreso de país sí habrá unidad entorno a la secretaria general, pero en los provinciales hay diferentes ideas de partido. Ya hay varias candidaturas que apuntan, Carlos Fernández Bielsa lo ha comunicado directamente... ¿Cómo lo ve?
Como una oportunidad para debatir internamente. El modelo de partido y el de sociedad. Debemos salir de los procesos congresuales fuertes, unidos y con certezas.
¿Prevé cambios en la Ejecutiva en el congreso?
Ni preveo ni no preveo. Siempre es una oportunidad para pensar. Yo estoy muy contenta con el resultado que tuvimos en el congreso de marzo. Somos la alternativa real y la referencia clara. La última vez que fuimos a la guerra nos pasamos 20 años en la oposición. Yo voy a trabajar para que de este y los futuros congresos salga un partido fuerte.
Retomando el 9 d'octubre: el presidente Mazón ha realizado una contratación un tanto extraña para el festival 'Som de la Terreta', con tres millones de euros a dedo concedidos a una empresa que ya había montado la web dos meses antes de que se iniciara el proceso de contratación. Ustedes han pedido explicaciones en las Corts ¿Van a ser vigilantes?
A mí me huele muy mal. Mal y con un olor familiar, como al PP de toda la vida. Todos los que hemos tenido responsabilidad pública sabemos que no se puede hacer un contrato de tres millones de euros prácticamente a dedo. Vamos a fiscalizarlo. Es difícil de explicar que un contrato negociado sin publicidad se otorgue a una empresa con siete meses de vida. [Un día después de realizar esta entrevista, el PSPV ha anunciado que llevará este contrato a la Fiscalía Anticorrupción].