Dimisiones, “presiones” y mucha prisa para aprobar el contrato de basuras de 466 millones de Torrevieja

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, gobierna con una holgada mayoría absoluta desde las elecciones del pasado año. Pero el también vicepresidente de la Diputación de Alicante por el Partido Popular está teniendo muchos problemas para sacar adelante las cuentas de su primer ejercicio y su proyecto estrella, el contrato de la basura para los próximos 15 años, para los que hay previstos el pago de 466 millones. Estos tropezones, a los que se suma la crisis de la COVID-19, ha provocado que en los últimos meses haya puesto la directa y le hayan entrado las prisas, lo que también ha forzado que la oposición le haya dado un par de reveses en los tribunales. En medio, la dimisión del presidente de la mesa de contratación, denuncias de presiones por parte del tribunal que debe decidir y todo tipo de suspicacias sobre la transparencia del proceso.

Para poder adjudicar el contrato de la basura, Torrevieja debe aprobar el presupuesto de 2020 -a cuatro meses de que se acabe-, que ya fue frenado por los tribunales por defectos de forma tras las denuncias de Los Verdes. Este lunes, el consistorio ha reunido a la Comisión Informativa, el paso previo para convocar el pleno extraordinario de presupuestos, y ha vuelto a saltar la polémica. Explica el portavoz del PSPV-PSOE en el ayuntamiento, Andrés Navarro, que la documentación se les entregó “a última hora del viernes” cuando los trabajadores del consistorio ya se habían ido, por lo que no tuvieron acceso a estudiar las cuentas hasta el mismo lunes a las 9 horas. Los socialistas han recurrido esta comisión, lo que podría volver a poner en un brete al equipo de gobierno.

La intención, si no se vuelven a bloquear las cuentas por no dar suficiente audiencia a la oposición, se podrán aprobar la semana que viene y entonces llegará la hora de la verdad para el contrato de la basura, que sigue en la fase de evaluación de las propuestas técnicas. A la licitación se han presentado cinco empresas y ya corren todo tipo de insinuaciones, máxime cuando en Torrevieja todavía recuerdan la adjudicación del contrato de la basura de 2004, por la que fue condenado a prisión el exalcalde y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo.

De momento, el fichaje estrella del alcalde Dolón a 140.000 euros al año, el que fuera director general de Urbanismo y quien tenía que firmar la adjudicación, Víctor Costa, abandonó el municipio vía telemática para volver a su plaza en Orihuela hace varios meses. Todavía no se sabe por qué. Además, la mesa de contratación, en la que solo hay dos funcionarios de carrera, ha denunciado ante la fiscalía “presiones” durante el proceso de licitación. Otros dos recuerdos de aquellos años en los que la oficina delegada de Anticorrupción se ponía las botas a denuncias en el extremo sur de la Comunitat Valenciana.

En la Torrevieja de Dolón también han desembarcado históricos de los años de mayorías del PP de Eduardo Zaplana, como la actual interventora Cristina Serrano, quien fuera mano derecha en Territorio de Rafael Blasco, en prisión por corrupción, o de Juan Cotino en Medio Ambiente. Serrano también pasó por el Ayuntamiento de Gandia, cuando lo dirigió el polémico Arturo Torró. A Serrano la “cazaron” pagándose la Nocehvieja de 2010 con fondos de la conselleria. La expolítica del PP será una pieza fundamental en la legislatura y en la vigilancia de las cuentas y la legalidad de todo lo que pase en el municipio.

“El PP ha perdido los papeles. Teniendo una mayoría absoluta no entendemos por qué actúan con tanta prisa y no nos dan la información. Hemos conseguido tumbar las cuentas una vez porque contenían todo tipo de errores administrativos”, explica el portavoz socialista. Navarro recuerda que el alcalde se ha enfrentado a la cúpula funcionarial del ayuntamiento y que, incluso, la secretaria general del pleno ha denunciado que Dolón está poniendo su trabajo en entredicho. El gabinete de comunicación no ha atendido a las llamadas de este periódico.

El contrato de basuras generará un negocio para la adjudicataria de 25 millones de euros anuales. La batalla dentro y fuera del ayuntamiento está servida. Polémica no faltará.