Este lunes 2 de noviembre empieza el juicio por el conocido caso Emarsa, en el que se juzga el presunto saqueo de 23,7 millones de la empresa pública de la depuradora de aguas del área metropolitana de Valencia (que incluye a una treintena de localidades). En el proceso se sientan en el banquillo de los acusados un total de 24 imputados acusados de ser una “trama organizada”, según el juez instructor, que habría actuado entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010.
Entre los acusados destacan el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises por el PP, Enrique Crespo; el exdirector financiero de la entidad, Enrique Arnal; o el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla. Pero además cabe recordar que se mantiene una orden de busca y captura respecto del imputado fugado Jorge Roca, propietario de cuatro sociedades que formaban parte de una estructura organizada de facturación irregular para Emarsa. Los imputados están acusados de haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo, provocando un agujero de 17 millones de euros. Para ellos la fiscalía pide hasta 14 años de prisión.
El grueso del desfalco tenía como modo de operación hinchar facturas por el tratamiento de los lodos, cantidad que ascendía a 13,05 millones y que se obtenía desviando fondos a firmas del empresario prófugo, el cual cobraba 42 euros por tonelada tratada (dinero pagado con el recibo del agua de todos los valencianos), mientras que él sólo pagaba 18 euros a un contratista. Pero esto además hay que enmarcarlo en que el tratamiento era de 18 municipios, incluido Valencia, y que diariamente eran 324.800 metros cúbicos de aguas residuales equivalentes al vertido de 800.000 habitantes.
El dinero cobrado de más, según el juez, volvía a los imputados en cantidades en metálico y que repartiría Esteban Cuesta. Entre los dispendios el juez detalla que Crespo y Cuesta se gastaron 375.302 euros en restaurantes, con banquetes que ascendieron hasta cantidades de 5.125 euros. Por otro lado también se señalan el gasto de 261.202 euros en viajes y hoteles a distintos puntos de España sin estar justificados por la actividad de la empresa, pero hubo viajes que llegaron a París, Estocolmo, Moscú y Johanesburgo, entro otros.
Y si el sector saqueado no es lo bastante sórdido cabe recordar que además hubo uso de caudales públicos para regalos de lujo (entre ellos políticos como Francisco Camps o Alfonso Rus) y comilonas, así como al pago de presuntas 'traductoras' rumanas, en viajes de los directivos a este país. Este capítulo consistía en que se contrataron los servicios de ocho chicas jóvenes de alrededor de 20 años que tuvieron pagados sus vuelos desde Rumanía y sus hospedajes en hoteles de lujo en España y en el extranjero, traductoras de las que no han aparecido los contratos que afirmaban tener los dirigentes de la trama.
Finalmente está el fraude del mantenimiento de la informática a través de los proveedores, con un gasto de hasta 7,2 millones de euros. Además de este mantenimiento aparecieron facturas por suministros como “164 teclados, 66 DVD, 141 licencias antivirus, 79 monitores, etc”, cuando en Emarsa sólo hubo instalados 30 ordenadores.
La Lotería de Navidad
Para dar más color a la trama cabe recordar que en 2011 tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad en el PP de Manises, 125.000 euros por décimo. La euforia se desató entre los agraciados, y entre ellos Enrique Crespo y Alfonso Rus, este último llego a enseñar en televisión que poseía 5 de estos décimos (625.000 euros), mientras Crespo, al ser preguntado por su premio aseguró tener “basantes más” que Rus.
El mismo día 22 el juez instructor dictó una providencia pidiendo a Crespo que aclarara cuantos décimos tenía, se trataba de una medida cautelar destinada a hacer frente a las posibles responsabilidades civiles del entonces alcalde de Manises en el caso. Desde el momento de la imputación de Crespo el juez ya ordenó “practicar cuantas diligencias fueran necesarias para la averiguación de su patrimonio”.
Pero Crespo afirmó tener un sólo décimo, mientras que casualmente sus familiares directos (padres y hermano) tenían 99 décimos premiados. Ante esta situación el juez ordenó bloquear un total de 12,4 millones de euros de cuentas bancarias de los familiares de Crespo y los llevó a juicio.
El resultado: sentencia de dos años de carcel para Enrique Crespo y su hermano por un delito de blanqueo de capitales, el pago de una multa de 500.000 euros y las costas del juicio. Además también suponía indemnizar con 357.019 euros a la Entidad metropolitana de servicios hidráulicos (Emshi) por el dinero blanqueado más los intereses legales.