El PP de la Comunidad Valenciana financió ilegalmente sus campañas electorales de 2007 y 2008 (las mayores victorias electorales en territorio valenciano), según ha confesado el empresario de la construcción alicantino Enrique Ortiz. Así lo avanza la Cadena Ser que explica que el empresario, imputado en el caso Gürtel, reconoce la acusación de pagar actos electorales a Orange Market, empresa que organizaba los actos de campaña del PP y que cobraba a través de facturas falsas por servicios no prestados.
En esta rama de Gürtel investigada por la Audiencia Nacional hay cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps (excepto el propio Camps) investigados, junto a diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos el propio Ortiz, y los cabecillas de la trama, por un delito electoral y falsedad documental. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión, pero en su confesión Ortiz reconoce íntegramente la financiación irregular del PPCV en su escrito de defensa, confesión que acompaña consignando los 40.000 euros que le reclama el juez en el auto de apertura oral. Con esta acción el empresario pide un atenuante de “confesión tardía de los hechos” y que la pena se le rebaje de cuatro a un año y tres meses de prisión. Ortiz esperaría conseguir así que la pena de cárcel se sustituyera por el pago de una multa.
En los escritos de acusación ya se afirmaba que “con el propósito de obtener un mayor despliegue en los procesos electorales, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató con Orange Market servicios que se abonaron de forma irregular”. Estos pagos se habrían hecho parcialmente en efectivo y el resto a través de los empresarios acusados consignando dichas facturas falsas. Ninguno de los dos tipos de pagos se reflejarían en la contabilidad oficial del PP, según el mismo escrito, por lo que los hechos “infringieron la genérica prohibición legal de abono de los gastos de partidos políticos por terceras personas”. El delito además se agravaría porque los empresarios tenían la prohibición expresa de hacer donaciones puesto que eran adjudicatarios de contratos públicos.
Enrique Ortiz también está imputado en otros casos de presunta corrupción vinculados al PP en Alicante como Brugal y Rabassa, por los que el empresario habría obtenido tratos de favor de los anteriores alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, con quienes habría mantenido una estrecha relación personal.