Un total de 30 millones de euros son los que habría obtenido el empresario José Adolfo Vedri a través de adjudicaciones presuntamente amañadas de instituciones públicas valencianas durante la época del PP. Vedri, uno de los empresarios detenidos dentro de la 'operación Taula', habría colaborado a la financiación ilegal del PP valenciano pagando mordidas del 3% o más a cambio de estas adjudicaciones de campañas a su empresa de comunicación Engloba y diversas de sus filiales.
Según desvela la Cadena Ser, Vedri habría obtenido adjudicaciones desde el año 1999, durante el gobierno de Eduardo Zaplana. Pero éstas se habrían incrementado a partir de 2003 con Francisco Camps ya en el Palau de la Generalitat. Además, las adjudicaciones se habrían extendido también a las diputaciones de Valencia y de Alicante y al Ayuntamiento de la capital, dirigido entonces por Rita Barberá.
Entre las adjudicaciones está la edición de un “libro VIP” castellano-inglés de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o el diseño y producción gráfica de una exposición de drogodependencia del Museo Príncipe Felipe.
Las sospechas de amaño de las adjudicaciones están en que la mayoría de las contrataciones fueron por procedimiento negociado sin publicidad, invitando a tres empresas. Todas eran siempre de José Adolfo Vedri. Pero parte de estos contratos también se hacían 'a dedo' por procedimiento de urgencia, pese a que muchas de estas campañas eran previsibles por su periodicidad, lo cual dejaría sin justificación la urgencia. Se trata de campañas como la de la gripe de 2010, dotada con 731.555,54 euros; o la de prevención de incendios o publicidad del Servicio Valenciano de Empleo (Servef), que suponían entre 780.000 y 900.000 euros.
La magnitud de la presunta financiación ilegal del PP supera con creces a la investigada dentro del caso Gürtel, que se quedaría en 18 millones de euros.